Suspender la FES

Ningún país vecino la tiene y supone una seria desventaja competitiva para el agro boliviano en general y cruceño en particular. Es una reliquia obsoleta de la reforma agraria, intensificada y empeorada a partir de la “reconducción comunitaria” iniciada por el evismo desde 2006.

Hablamos, claro, de la Función Económico Social (FES), esa espada de Damocles que pesa sobre la cabeza de los productores agropecuarios y que convierte a la tenencia de la tierra en un simple usufructo, alejándola de la posibilidad de evolucionar hacia la propiedad plena, que sería el estatus que daría la seguridad jurídica necesaria para hacer inversiones de largo plazo.

Este mecanismo pone en manos de las periódicas inspecciones de la burocracia (para peor, desinstitucionalizada) del INRA el juzgar si los predios agropecuarios están siendo bien o mal utilizados, con lo que se precariza la situación de los productores, se distorsionan mercados y se generan oportunidades para la extorsión.

Para agravar el cuadro, la información recogida sirve muchas veces a los invasores de tierras, también llamados “interculturales”, dándoles una excusa para sus avasallamientos. Y por si esto fuera poco, la necesidad de mostrar actividad en sus predios lleva a algunos productores al desmonte, aunque sabemos que la causa principalísima de la deforestación es la acción de las “milicias del fuego”, asociadas a las bases “interculturales”.

Si bien la FES está en la Constitución, un proyecto de ley presentado en diciembre por senadores de oposición propone suspender las inspecciones y reversiones por siete años, lo que daría estabilidad a los productores y, contra lo que suponen erróneamente los intervencionistas de Estado, terminaría elevando la productividad agroalimentaria.

Es el caso de Paraguay, cuyo sector agropecuario viene creciendo a tasas aceleradas, sin la asfixia del dirigismo agrario. Es el contrafactual de lo que podría estar pasando en el departamento de Santa Cruz, que crece a pesar del estatismo, pero que lo haría de forma mucho más rápida sin la pesada losa burocrática.

Está claro que la iniciativa de suspender la FES por siete años disgustará a los intervencionistas en los espacios públicos de control sobre esta área de la economía, pero también parece estar molestando a ONG eco-socialistas, aparentemente críticas del Gobierno en otros aspectos, pero que, por lo visto, comparten sus mismos supuestos ideológicos fundamentales en lo que respecta a la tuición del Estado para decidir qué, cuándo y cómo producir.

En momentos en que el rentismo gasífero se ha agotado y el litio aún está lejos del despegue, el agro y las exportaciones no tradicionales pueden ser el motor que la economía boliviana necesita para pasar las actuales turbulencias y proyectarse al futuro. Pero esto requiere de libertad para producir y de un camino hacia la propiedad plena de la tierra.