Gobierno alertado, medio salvado

Parafraseo una sentencia de mi abuela para indicar que las alertas no son críticas negativas, sino deseos sinceros de evitar los problemas que se aproximan.

La crisis actual de los hidrocarburos en Bolivia no es producto de un meteorito caído del cielo, o de un sismo impredecible, sino el resultado natural de errores, omisiones, chambonadas e incluso corrupción, de quienes han dirigido el sector energético cuyos nombres todos conocemos de sobra.

Desde la promulgación de la Ley 3058 de Hidrocarburos y el DS 28701, varios “opinadores” (“tilinesca” definición de los analistas del rubro) alertaron al Gobierno y a la opinión pública acerca de los peligros que se cernían sobre el más importante sector de la economía nacional y de los gobiernos subnacionales. Hacer un recuento de todas las señales (incluso gritos) de alarma es tema de una tesis de grado (de comunicación o de siquiatría), de modo que, en lo que sigue, solo mencionaré las alertas de algunos analistas, indicando los enlaces correspondientes.

Ya en el lejano 2007, en los albores de la nacionalización, el abogado Víctor Hugo Carazas alertaba, junto a la Cámara de Hidrocarburos de entonces, sobre la ausencia de seguridad jurídica para “gatillar” las inversiones que las empresas petroleras estaban dispuestas a realizar, pero que con el tiempo se limitaron a inversiones en explotación. Total, había tanto que gas que no hacía falta buscar más, pensaban los nacionalizadores.

Ante la proliferación de estrategias y planes de desarrollo, Raúl Velásquez de la Fundación Jubileo, el año 2012 interpelaba al Gobierno por el bajo presupuesto que YPFB y las empresas destinaban a la exploración, y volvía a la carga en 2018 para alertar sobre el déficit de casi 14 MMmcd de gas para cumplir las metas de esos quiméricos planes.

A su vez, el añorado Carlos Miranda P. en el 2016 denunciaba con cifras y argumentos el fracaso de la nacionalización, y los riesgos de insistir con esa política. En la misma línea, Hugo del Granado C. explicaba hasta el cansancio porque la exploración estaba mal encaminada y dejada “a la suerte de un pinchazo exitoso”.

En cuanto a temas de downstream, Susana Anaya, una destacada profesional forzada a expatriarse, reflexionaba sobre la insostenibilidad de mantener precios internos subvencionados y las consecuencias sobre la exploración. Hace tres años ya era evidente que los ingresos por venta de gas no alcanzarían ni para compensar el subsidio a los carburantes.

Asimismo, Mauricio Medinaceli, otro brillante economista del sector obligado a expatriarse, en su blog demostraba con claridad lo absurdo de la estructura de precios del mercado interno y la esterilidad de las medidas improvisadas que se tomaban para poner parches a los errores del pasado.

Las entrevistas y escritos de Álvaro Ríos Roca, alertando sobre las incongruencias de la política gasífera, llenarían un volumen. Su grito de alerta ha sido constante y firme acerca de la importancia de la exploración, la insuficiencia de las normas correctivas, la inminente escasez de diésel, gasolina y también GLP y gas, y la metamorfosis de un país exportador a un país importador y transportador de energía.

Por mi parte, mediante artículos de opinión y entrevistas, he sugerido medidas estructurales para frenar el colapso de la economía del gas y la consecuente crisis energética. La opción por una gradual transición energética, una urgente necesidad para Bolivia, me llevó a elaborar en el 2020, junto con destacados colegas, una hoja de ruta para llevar a cabo esa tarea.

En resumen, se les alertó oportuna y repetidamente, pero, como se dijo hace 2000 años, “no hay peor sordo que él no quiera escuchar” (Mt 13,14) y dejar un país en ruinas.

El autor es físico y analista