Morales anuncia investigación sobre denuncias vinculadas al caso Lava Jato en Bolivia
El presidente, Evo Morales, informó hoy que pedirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) llevar adelante una “profunda investigación” sobre las denuncias de corrupción vinculadas al caso Lava Jato en Bolivia.
“Últimamente se menciona a Bolivia. Soy el más interesado y somos el Gobierno más interesado en que se investigue sobre estos actos de corrupción (...). El Gobierno y el presidente no están implicados en ningún acto de corrupción con las empresas, menos con Odebrecht”, dijo Morales en una breve conferencia de prensa.
Indicó que la ALP debe conformar esta semana una comisión mixta para dicha investigación.
El anuncio de mandatario surge después de los nuevos elementos que salieron a la luz sobre el escándalo de corrupción de la Operación Lava Jato y su relación con Bolivia a través de la empresa Camargo Correa.
Las empresas Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Queiroz Galvao, OAS y Odebrecht, que se vieron involucradas en el escándalo de corrupción desatado en Brasil afectando a países de la región, participaron en siete proyectos de Bolivia.
Recientemente, se dio a conocer que los ejecutivos de la empresa Camargo Correa hicieron alusión a Bolivia, detallando pagos por 550 mil dólares en el proceso de adjudicación del tramo carretero Roboré-El Carmen.
Según un informe del Ministerio de Justicia de Brasil, la empresa Andrade Gutiérrez involucra al exministro de Vivienda de la gestión de Goni y a un exfuncionario de ex Servicio Nacional de Caminos.
El proyecto fue adjudicado en enero de 2005, cuando Carlos Mesa aún era presidente del Estado. Posteriormente, la obra fue supervisada en la gestión del actual presidente Evo Morales. La obra costó 118,93 millones de dólares y fue financiada por la Corporación Andina de Fomento (CAF).
El 11 de diciembre de 2016, una investigación del Grupo de Diarios de América, un consorcio de 11 periódicos tradicionales de la región (ninguno de Bolivia), reveló que el escándalo de los sobornos pagados en Brasil por grandes constructoras para obtener licitaciones se extiende a 16 obras de por lo menos seis países de Latinoamérica: Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala.
