Fundación Tierra: incendios en la Chiquitanía acelerarán la apropiación y tráfico de tierras
La Fundación Tierra aseguró que los incendios forestales que hoy padece la Chiquitanía fueron promovidos por el Gobierno a través de varias normas que perdonaron las quemas y desmontes ilegales y flexibilizaron las condiciones para que continúe este proceso, que acelerará la apropiación y el tráfico de tierras.
"Mucho de lo que se ha hecho en el pasado que era ilegal, el Gobierno lo ha legalizado para pequeños, medianos y grandes productores y gente que no trabaja la tierra; se ha introducido una medida flexible para lo venidero ¿Por qué han perdonado la multas, las sanciones? es obviamente para que se acelere el proceso de apropiación de la tierra y el tráfico de tierras, es el tema central", afirmó a ANF el director de Fundación Tierra, Gonzalo Colque.
El especialista en temas agrarios lamentó que las autoridades llamadas a explicar lo que está sucediendo en la Chuquitanía se han limitado a reducir el desastre socioambiental a una supuesta "politización" de los incendios.
Colque citó que el gobierno de Evo Morales ha impulsado la ampliación de la frontera agrícola -no precisamente para alimentos- a través de su agenda Patriótica Bolivia 2025 que se reflejó en el "perdonazo a los desmontes ilegales" a través de la Ley 137, la ampliación de desmontes de 5 a 20 hectáreas sin mayores trámites ni requisitos a través de la Ley 741; la ampliación de la frontera agrícola para el etanol con la Ley 1098; la autorización de ampliación de frontera agrícola para el uso de semillas transgénica resistente a la sequía, para el biodiesel; la autorización de desmonte y quema en las tierras de producción forestal permanente, a través del decreto 3973, aprobado el 10 de julio de 2019.
"El Gobierno al parecer no tiene toda la información sobre las consecuencias de cuantas leyes y decretos ha aprobado para facilitar la expansión de la frontera agrícola, desmontar el bosque y permitir la quema descontrolada, por eso es necesario una auditoría ambiental independiente que dé lugar a respuestas para saber los daños socioambientales y saber con precisión las causas qué ha originado este desastre ambiental", señaló.
En criterio del investigador, la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) debe rendir un informe detallado sobre las autorizaciones que ha dado para desmontes y quemas y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) debería ser intervenida, más aún cuando hay clanes familiares que operan desde la institución. El año pasado dos hermanos del actual ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, fueron denunciados por tráfico de tierras y extorsión a beneficiados de títulos agrarios, uno de ellos fue remitido a la cárcel de Palmasola.
"Hubo incendios descontrolados que tienen una vinculación íntima con la deforestación, los incendios han avanzado por las zonas de penetración de la expansión agrícola, chaqueo y quema. Mucha gente lo ha hecho porque hubo perdonazos, ahora hay autorización sin mayor trámite, se ha dado luz verde a que todo el mundo pueda quemar tierras, esas son las consecuencias que ha impulsado el Gobierno", sostuvo.
Las auditorías, dijo Colque, deberían identificar qué tipo de propiedades se han otorgado en la Chiquitanpia y a nombre de quiénes. "Se debe precisar las medianas y grandes propiedades de los nuevos asentamientos de campesinos, que es técnicamente posible verificar", dijo.
Cuestionó también que el Gobierno nacional impulse la ampliación de la frontera agrícola cuando en los hechos el país cada vez importa más alimentos.
"La gente no está usando estas tierras para la producción de alimentos, sino para la soya. La producción de alimentos no tiene ninguna conexión con la ampliación de la frontera agrícola, no se ha transparentado sobre quiénes están recibiendo tierras en la Chiquitanía, se habla de comunidades, pero la lista de los beneficiarios se ha manejado arbitrariamente", mencionó.
Según el investigador, en los hechos son grupos afines al Gobierno los que se benefician de estas tierras para luego traficar con ellas. "Quienes han recibido tierras no son trabajadores del agro, ni viven allá, y muchos de ellos han desmontado sin tener prácticas de manejo, eso es peligroso, los beneficiarios son militantes del MAS que no viven del agro pero lo tienen de engorde para luego venderlas a los agroindustriales", sostuvo.
A la fecha en más de dos semanas de voraz incendio en la Chiquitanía, se ha registrado la quema de un millón de hectáreas de bosques y pastizales con múltiples afectaciones socioambientales y sobre la biodiversidad de esta ecoregión.
