TCP admite recurso contra decreto que autoriza chaqueos y da 15 días a Evo para responder
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió admitir una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 3973, que autoriza el chaqueo y el desmonte en Santa Cruz y Beni. Además, dio un plazo de 15 días para que el presidente Evo Morales esponda a la demanda.
La acción de inconstitucionalidad fue presentada hace unas tres semanas por los diputados Horacio Poppe, Grover Huanca y Gina Torrez, ante el incremento de los focos de incendio que se registran en la Chiquitanía.
"Esta es una esperanza, es una señal es una luz al final del túnel que debemos celebrar todos los bolivianos, pues creo yo que en un mes y medio máximo vamos a tener una respuesta de este Tribunal de frente a este problema que no solamente ha generado impacto en el contexto nacional, sino que ha sido de mucha preocupación también en el ámbito internacional", resaltó.
El Tribunal dispuso "poner la presente acción normativa en conocimiento de Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, enrepresentación del ente emisor de la norma impugnada, a objeto de su apersonamiento y formulación de alegatos que considere necesarios, en el plazo de quince días, a partir de su legal notificación", dice el comunicado.
Una vez que llegue la respuesta de Morales, el Tribunal Constitucional tendrá 30 días para emitir una sentencia.
Poppe explicó que la autorización de los chaqueos se deben realizar por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional y no por decreto. Agregó que actualmente, nadie se prestaría a aprobar una ley en este sentido y ponerle su firma a las millones de hectáreas incineradas, dijo a Erbol.
El diputado destacó que, con la admisión, el TCP consideró que existen suficientes elementos para poner en tela de juicio la constitucionalidad del decreto, que permite chaqueos en Santa Cruz y Beni.
El opositor sostuvo que este es un "revés" para Evo Morales.
Hasta el momento el fuego ha consumido 3,5 millones de hectáreas de áreas forestales, reservas naturales y pastizales en la Chiquitanía. El Gobierno, por su parte, se opone a declarar desastre nacional.
