Gobierno dice que $us 2,3 millones desviados de la compra de gases se invirtieron en proyectos inmobiliarios
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este lunes que una gran parte de los $us 2,3 millones del presunto sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal fue invertido en un proyecto y en una empresa inmobiliaria en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, respectivamente.
"Gran parte de estos recursos provenientes de la corrupción han sido invertidos en una construcción aquí en el departamento de Santa Cruz, estamos hablando de la construcción del World Trade Center en el Urubó. Así también estamos manifestando que gran parte de los recursos se encontrarían en la inmobiliaria El Dorado", informó en una conferencia de prensa.
Del Castillo aseguró que se trabajará para recuperar los recursos del Estado.
El ministro afirmó que tres Decretos Supremos viabilizaron la compra de dicho material: DS 4090 que autoriza al Ministerio de Defensa a la adquisición excepcional de este armamento no letal; DS 4146 que posibilita la contratación directa en el extranjero y finalmente el DS 4168 que faculta la transferencia de este armamento a la Policía Boliviana.
La autoridad explicó de manera detallada la supuesta "Ruta del Dinero" del caso gases lacrimógenos, en base a informes del Departamento de Investigaciones de Estados Unidos (EEUU).
Recordó que el Estado boliviano firmó un contrato con Bravo Tactical Solutions por $us 5,6 millones, monto que Fernando López intentó cancelar a través del Banco Central de Bolivia (BCB) con un giro cuebtas bancarias de EEUU.
"Casualmente esa misma fecha, el señor Arturo Murillo se encontraba en Estados Unidos, donde se reunió con Bryan Berkman (uno de los socios de Bravo Tactical). Más tarde, ese mismo día, Murillo abre una cuenta en un banco de EEUU y retorna a Bolivia", detalló.
Explicó también que el Banco JP Morgan Chase Bank rechazó el pago que López trataba de realizar por generar sospechas, básicamente observó que la cuenta de BTS había sido abierta tres días antes de la millonaria transacción, por lo que no se ejecutó.
Por tal motivo, López trató una vez más de realizar el pago, logrando su cometido y haciendo un pago de $us 3,9 millones a la empresa BTS, posteriormente transfirió el saldo restante de $us 1,7 millones, haciendo un total de $us 5,6 millones, de los cuales $us 3,3 millones fueron a la empresa Cóndor en Brasil, y el restante $us 2,3 millones sería el monto de sobornos y lavado de dinero.
El caso fue detectado por la Justicia de EEUU, que ordenó la detención de Murillo y otras personas vinculadas.
Cuatro sobornos
Del Castillo denunció una serie de sobornos que se realizaron con el presunto sobreprecio. El primero fue al exjefe de Gabinete de Murillo, Rodrigo Méndez, quien recibió la suma de $us 582.000 de manos de un familiar cercano de Philip Lichtenfeld, empresario stadounidense. Aseveró que parte de este dinero fue para el exministro Murillo.
El segundo soborno fue para Philip Lichtenfeld quien recibió tres trasferencias bancarias de BTS por un monto de $us 920.000, según el reporte bancario de las transacciones. El cliente beneficiario figura como “Proyectos Inmobiliarios El Dorado S.A.”, empresa que tiene participación en los proyectos: World Trade Center de Santa Cruz y la inmobiliaria “El Dorado” de Cochabamba.
El tercer caso se refiere al depósito bancario por $us 20 mil a un familiar del exministro de Defensa, Fernando López. El deposito fue realizado por Philip Lichtenfeld gracias a la intermediación del señor Berkman.
El cuarto soborno fue para el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien recibió dos transferencias bancarias de parte de BTS, el monto otorgado fue de $us 179.000. Acorde al Departamento de Investigaciones de EEUU Murillo cierra su cuenta bancaria en noviembre de 2020 sacando dos cheques de $us 130.000 cada uno. Más tarde, en enero de 2021, Philip Lichtenfeld le hace un depósito adicional de $us 30.000.
