Gobierno busca procesar a opositores y Mesa recibe apoyo internacional
El Gobierno aprovecha la mínima ventaja para fustigar, amedrentar e incluso iniciar procesos a líderes opositores. El más reciente es el presentado contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por la distribución de pruebas vencidas para Covid-19. Un diputado del MAS presentó la querella y fue aceptada en la Fiscalía.
Otro caso es el del expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, a quien la Fiscalía llamó a declarar por el caso “golpe” de Estado luego que la exmandataria Jeanine Áñez lo mencionó en su declaración ante el Ministerio Público.
Este hecho generó el reclamo de 12 expresidentes de Latinoamérica, quienes consideran que el gobierno del presidente Luis Arce adopta una “política de acoso” en contra de Mesa y pidieron al mandatario cesar la “presión judicial”.
Otros líderes políticos como Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina también están en la mira del Gobierno, porque la Fiscalía convocó a sus asesores a declarar como testigos en el caso “golpe” de Estado la próxima semana.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar informó que la Fiscalía admitió la denuncia contra Camacho (Creemos) y el director del Servicio Departamental de Salud, Erwin Viruez, por la entrega de pruebas antígeno nasal vencidas a tres municipios.
El diputado y jefe de bancada de Creemos, Erwin Bazán, señaló que el Gobierno está recurriendo a todo para poder afectar a los líderes de partidos opositores y no tener oposición, como es el caso de Luis Fernando Camacho, que pese a hacerse las aclaraciones respectivas se insiste en presuntos delitos en que habría incurrido.
“Toda la estrategia del Movimiento Al Socialismo se resume en perseguir judicialmente a las personas, en este caso a diferentes actores de oposición”, dijo.
Apoyan al expresidente Mesa
El pronunciamiento por la situación del exmandatario, del bloque Misión Presidencial Latinoamericana, se denomina “Declaración sobre el avance autoritario en América Latina y la persecución en contra del expresidente de Bolivia, Carlos Mesa” .
En el documento los exdignatarios de Estado consideraron que el gobierno de Arce, “lejos de buscar la reconciliación y una relación respetuosa entre el gobierno y la oposición, ha adoptado una política de acoso a los principales líderes de ésta usando a la justicia como instrumento político que busca llevar a la cárcel a opositores como ya ha ocurrido con la expresidenta Jeanine Áñez y algunos de sus colaboradores”.
