Gobierno dice que Carlos Mesa debe devolver $us 42,6 M por Quiborax
El ministro de Justicia, Iván Lima, asegura que el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, por acción de repetición debe devolver los 42,6 millones de dólares que pagó el Gobierno a la empresa Quiborax, toda vez que el daño se originó durante su mandato. En esferas políticas señalan que este tema se constituye en una especie de chantaje al jefe del partido opositor.
“Todos estos dineros que se han pagado, estos 42 millones de dólares, son el resultado de que él violó la ley que emitió y los propios decretos que él emitió. Si hubiera seguido el proceso de nacionalización como se hizo, no hubiésemos tenido estos problemas”, dijo la autoridad en contacto con los medios.
Agregó que “quien originó el daño fue Carlos Mesa, por su ley y por su decreto. Sea a través de una acción civil o una acción penal, el Estado tiene que recuperar el dinero que ha pagado y el señor Mesa es responsable de ese dinero que ha perdido el pueblo boliviano”.
Chantaje
El juicio de responsabilidades, que aprobó en pasados días la Comisión Mixta de Constitución contra Mesa por el caso Quiborax, fue calificado como un chantaje del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) para que CC viabilice los juicios de responsabilidades contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez.
El jefe de bancada de CC en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón, recordó que los 42,6 millones de dólares se pagaron durante la gestión del expresidente Evo Morales y que los responsables de la pérdida del litigio tarbitral fueron el entonces procurador y ministro de Justicia, Héctor Arce, el procurador Pablo Menancho y el ministro de Minería, César Navarro.
“Se busca presionar con este caso, que no se sostiene ni un milímetro contra Carlos Mesa, y querer conseguir la aprobación de juicios de responsabilidades que le interesan al MAS, usando como moneda de cambio el caso Quiborax, que es la mayor estafa del siglo que se ha cometido contra el pueblo de Bolivia”, indicó en su momento el diputado Alarcón.
En 2004 el Gobierno de Mesa anuló las concesiones a la empresa chilena Quiborax, tras una auditoría, por no cumplir con las inversiones ni con el plan de explotación.
Gran negociado
Ante las acusaciones del ministro Lima, Alarcón dijo que este es el gran negociado del siglo. En un arbitraje se tenía la posibilidad de arreglar con 1,8 millones de dólares, luego se subió a 3 millones de dólares y el Estado, en la gestión de Morales, terminó pagando 42,6 millones de dólares.
Indicó que en la administración de Morales se filtraron documentos sobre el caso a la parte chilena.
“El gobierno de Evo Morales entró en convivencia con los abogados de la parte contraria que trabajaron en la Procuraduría General del Estado y a los cuales les pasaron información clasificada de la defensa del Estado boliviano en este litigio arbitral”, dijo.
¿Oportuno?
La politóloga Patricia Velasco coincidió con Alarcón, en el sentido que el gobernante MAS estaría utilizando este caso para presionar a Mesa y su partido y así obtener los 2/3 que requiere en el Legislativo para aprobar los juicios contra la expresidenta Áñez.
“En la anterior gestión el MAS tenía los 2/3 y no requería apoyo alguno para aprobar el juicio contra Mesa, ¿por qué no lo hizo?”, cuestionó.
BOLIVIA PAGÓ 1,8 M DE DÓLARES PARA DEFENSA
En julio de 2018, el entonces procurador general del Estado (PGE), Pablo Menacho, informó que, a lo largo de los 12 años que duró el proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), se gastó 1.853.345 dólares en los tres bufetes de abogados que defendieron al país en el caso Quiborax.
En su criterio, el monto que gastó el Estado es menor a lo que en promedio cuesta un arbitraje internacional, que llega a los 8 millones de dólares.
