Urge una reforma penitenciaria para que el Estado controle las cárceles

La ausencia del Estado por más de 40 años en las cárceles ha derivado en un creciente tráfico de sustancias controladas y alcohol al interior de esos recintos, pero también en la planificación y manejo de la criminalidad en complicidad con la Policía, coincidieron en afirmar exautoridades del área. Ante este panorama, se plantea la urgente necesidad de concretar una reforma penitenciaria a partir de la modificación de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana para que la administración de los penales pase a manos de personal civil.

Nelson Cox, quien desempeñó funciones en el sector público como viceministro en tres oportunidades y delegado del Defensor del Pueblo en Cochabamba, además de estar vinculado a temas carcelarios desde 2006, sostiene que la tarea del Estado se limita únicamente a realizar una que otra mejora en los recintos penitenciarios, lo cual es insuficiente porque el nivel de hacinamiento es del 146 por ciento y esto impide una resocialización de los privados de libertad y tener un control interno de las cárceles que siguen siendo un mundo aparte.

“Las carencias que tienen ahorita las cárceles siguen siendo las mismas que he conocido en 2006: infraestructura, servicios y otros. Todavía existe el límite de poder ver a las cárceles como lugares en los que se pueda recuperar los espacios de vida”, comenta.

Las cárceles continúan siendo posgrados de la criminalidad, no hay una clasificación entre detenidos preventivos y los que cumplen sentencia, tampoco existe un manejo que le devuelva el respeto al sistema penal. Actualmente, como tópico de castigo, se aparta a un privado de libertad para llevarlo a otro recinto penitenciario del país sólo para tener niveles de control disciplinario, pero eso no significa que se esté controlando lo que pasa dentro de las cárceles, dice.

Control

Cox afirma que el Estado ha cedido a los privados de libertad, a través de sus delegados disciplinarios elegidos por ellos, el control interno de las cárceles con matices de corrupción en los que están involucrados los policías. Hoy, el Estado, se limita a organizar ferias para la exposición de los productos que elaboran los reclusos y las autoridades piensan que con eso están manejando los recintos penitenciarios.

“El que abras mercado para los productos que generan los privados de libertad no quiere decir que te estés metiendo a las cárceles. Si realmente se invierte en una clasificación interna de los privados de libertad, cumpliendo así con el propósito de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, que data de hace más de 21 años, entonces habría una intención de regulación desde el Estado”, aclara.

Asimismo, considera que el hecho de controlar los niveles de violencia en las cárceles, como lo ocurrido en Palmasola, no quiere decir que se esté interviniendo esos recintos desde una política criminal de Estado que sea responsable con la resocialización y rehabilitación del privado de libertad.

A juicio del exdirector nacional de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos, las cárceles prácticamente se han convertido en territorios perdidos por el Estado donde se da el cultivo de cualquier actividad ilícita.

Para nadie es desconocido que en las cárceles hay droga, alcohol, corrupción, coimas y otros ilícitos; además, se está permitiendo que otras personas, al margen de los policías, se involucren. Actualmente hay personas que viven de la delincuencia proveyendo a las cárceles drogas, alcohol y otras cosas ilícitas, señala.

“Cuando hablamos el tema de cárceles, tenemos que pensar en la protección de la sociedad, y una forma de hacerlo es controlar a los privados de libertad. La cárcel es para aislar al que ha cometido delitos, pero eso no ocurre. No se sabe a qué hora se abre o a qué hora se cierra la cárcel, no hay reglamentos, entonces la delincuencia tiene un caldo de cultivo que va creciendo y ampliándose. Es ahí donde surgen esas redes delictivas con conexiones dentro y fuera de las cárceles, tanto con quienes administran como con los que hacen seguridad”, manifiesta.

En criterio de la exdirectora departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Pamela Suarez, la crisis en las cárceles lleva más de 40 años sin que ningún gobierno le haya prestado atención como debería, por eso el control interno de esos recintos está en manos de los privados de libertad.

“La ley establece que debería haber un control interno de las cárceles por parte del Gobierno; sin embargo, esto no se cumple, ya que son los privados de libertad quienes ejercen esa responsabilidad a través de la comisión de delegados que ellos mismos conforman dentro de los penales”, apunta.

Este diario intentó hablar con el actual director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, pero su responsable de comunicación dijo que no podía atender nuestro requerimiento porque “tenía su agenda de trabajo copada”.

Sin embargo, en una anterior declaración a los medios de comunicación, Limpias admitió que existe corrupción en los centros de reclusión en todo el país, en la que está involucrado personal civil y policial, aunque aseguró que los réditos de este ilícito no llegan hasta su dirección.

Los efectos

Cox sostiene que una de las consecuencias de ceder el control interno de las cárceles a los delegados de los privados de libertad es el hecho de que no bajan los índices de criminalidad en el país, esto se da porque los delincuentes avezados que son encarcelados tienen la libertad de poder seguir operando desde su encierro; es decir, controlan los mercados ilegales y la zonificación de la criminalidad en las ciudades.

“Se distribuyen zonas para la comisión de ilícitos en las ciudades. Esa zonificación la controlan desde las cárceles a través de los teléfonos celulares, en algún momento se puso en los recintos penitenciarios los inhibidores de señal, no funcionan, varios (reclusos) tienen celulares, particularmente los delegados. Tienen acceso a los niveles de comunicación y eso les ha facilitado en la comisión de ilícitos”, afirma el exdelegado del Defensor del Pueblo en Cochabamba, quien asegura que “las cárceles no han logrado controlar el nivel de criminalidad”.

Los delitos que se organizan desde la cárcel son: atracos, robos agravados, robo de vehículos, narcotráfico y tráfico de armas, estos dos últimos les ha permitido a esas redes delincuenciales una imbricación y mejorar su performance criminal; además de trasuntar fronteras y generar mucho dinero, agrega.

Por su lado, Suárez afirma que se sabe que dentro de las cárceles operan redes criminales que tienen conexiones no sólo a nivel nacional, sino también internacional, principalmente en lo que se refiere al tráfico de sustancias controladas y armas. “Es una verdad que no se la puede ocultar”, dijo.

“Al Gobierno la problemática de las cárceles se le ha salido de las manos, nunca le ha prestado atención siendo que el tema carcelario es importante”, indica.

Beneficiados

Según Ramiro Llanos, los grandes beneficiados con lo que pasa en las cárceles son los policías, porque para ellos “es la gallinita de los huevos de oro”. El estar un año o más destinados en los centros penitenciarios les permite a los funcionarios policiales obtener mayores ingresos económicos que el dinero que el Estado les paga por su trabajo, “por eso es que hay una combinación entre ellos y los que hacen actividad delictiva”. Por todo esto que está pasando, la Policía debe estar fuera de las cárceles y personal civil debe hacerse cargo de la administración interna de las mismas.

“A la Policía no le interesa que haya una reforma carcelaria, porque es la gallinita de los huevos de oro, ellos están felices y contentos porque se mueven trillones de dólares desde las cárceles, no son millones, son trillones de dólares”, enfatiza.

Este criterio es compartido por Nelson Cox, quien revela que los privilegios del que goza una buena parte de la población carcelaria, como el ingreso de droga y alcohol para su consumo, la presencia de damas de compañía o tener habitaciones con todas las comodidades como si fuesen suites de hotel, no es gratis.

“El dinero que se genera para los policías es por operativo, se hacen requisas selectivas; es decir, a unos sí y a otros no. El no hacer el operativo también tiene su costo, porque eso permite que siga ingresando droga y alcohol, ésas son algunas fuentes de ingreso altas para la Policía”, asegura.

Cox cree que hay una sociedad y muchos negociados entre reclusos y policías, lo cual está generando un irrespeto de los delincuentes hacia los funcionarios de la institución del orden, prueba de ello es lo que pasó recientemente en un hospital de La Paz, donde un custodio fue asesinado durante la fuga de un reo brasileño.

“Lo que ha pasado en La Paz no es casual, se están limpiando policías, les han perdido respeto porque están negociando con cuadros pesados de la Policía, no están charlando con policías de bajo rango”, asevera la exautoridad.

La reforma está en manos de los legisladores

Una reforma penitenciaria pasa por la modificación de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana para que su personal ya no esté a cargo de las cárceles del país y la administración interna pase a personal civil formado en técnicas de seguridad carcelaria, afirmó el exdirector nacional de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos.

Sustentó su planteamiento en estudios que se hicieron para conocer las causas de la crisis del sistema penitenciario boliviano, cuyos resultados recomiendan que se debe modificar la Ley Orgánica de la Policía y eso pasó por las manos se diputados y senadores.

“Lo que corresponde es que los legisladores cambien la ley, excluir algunos artículos, derogar otros para que la Policía ya no esté a cargo de las cárceles sino sea una administración civil. Ésa es tarea ahora de los legisladores, ellos tienen esa posibilidad, pero no lo hacen”, afirmó.

Dijo que, si la corrupción no ha llegado a las esferas políticas, que cambien la ley, “que sientan amor por la ciudadanía, que la gente deje de sufrir con estas muertes que se dan a raíz de lo que se genera en el mundo penitenciario”.

Proponen un cambio carcelario tipo Bukele

El exdirector nacional de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos sugirió al presidente del Estado, Luis Arce, seguir el ejemplo de su homólogo de la República de El Salvador, Nayib Bukele, quien aplicó una reforma penal que le ha dado buenos resultados hasta el momento.

Indicó que esa reforma del sistema penitenciario boliviano se puede financiar con los bienes incautados al narcotráfico (hoteles, casas, haciendas, vehículos, aviones y otros) que podrían ser monetizados.

“Se puede hacer una bonita experiencia tipo Bukele si el presidente Arce quisiera, él daría un mandato presidencial para que pueda hacerse esto, pero creemos que no lo hará, porque todos los presidentes que han pasado no han podido hacerlo”, manifestó.

Planteó también aplicar el modelo que implementó el exgobernador de Santa Cruz Rubén Costas en Cenvicruz, un centro modelo de rehabilitación de adolescentes, donde la administración interna está a cargo de 30 funcionarios civiles y la Policía sólo se encarga de la seguridad externa.

FRASES

A la Policía no le interesa que haya una reforma carcelaria, porque es la gallinita de los huevos de oro, ellos están felices. Ramiro Llanos, abogado.

Sabemos que dentro de las cárceles operan redes criminales, hay tráfico de sustancias controladas, alcohol y tráfico de armas. Pamela Suárez, exautoridad penitenciaria.

En las cárceles hay empresarios de la criminalidad que negocian su seguridad y privilegios con la Policía, generando corrupción. Nelson Cox, abogado.