La ausencia del Estado por más de 40 años en las cárceles ha derivado en un creciente tráfico de sustancias controladas y alcohol al interior de esos recintos, pero también en la planificación y manejo de la criminalidad en complicidad con la Policía, coincidieron en afirmar exautoridades del área. Ante este panorama, se plantea la urgente necesidad de concretar una reforma penitenciaria a partir de la modificación de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana para que la administración de los penales pase a manos de personal civil.