¿Quién controla las cárceles en Bolivia?
//Texto: Eva Guadalupe Tapia Castillo
Fotos: Defensoría del Pueblo, APG y Carlos López.//
Grupos de poder, extorsión, abusos, cobros indebidos y hasta crimen organizado son algunas de las prácticas consideradas secreto a voces que se mantiene en el interior de las más importantes cárceles de Bolivia.
La atención de salud, la reinserción social, el acceso a la educación, hacinamiento y detenidos sin sentencia son preocupaciones que también saltan tras el reciente fallecimiento de Christopher Condori en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro de La Paz. Todo esto trae, nuevamente, el cuestionamiento: ¿quién controla el interior de los recintos penitenciarios?, ¿cómo está la situación de los privados de libertad en este contexto?
Según datos de la Dirección de Régimen Penitenciario, a septiembre de 2021, los privados de libertad en Bolivia sumaban 18.408, de los cuales el 82 por ciento se encuentra en el área urbana, mientras que el 3 por ciento está en el área rural. En cuanto al género, del total de recluidos, el 94,5 por ciento son varones y el 5,95 por ciento son mujeres. (Ver infografía).
Al estar las mayores poblaciones carcelarias en los sectores urbanos de los departamentos del eje, es por lo general en estos sitios donde se generan problemas que pueden ir desde riñas y grescas hasta asesinatos o motines. Los recintos de “máxima seguridad”, aunque con menor población, tampoco dejan de ser sitios donde hay conflictos, cono fue el caso de Christopher.
Respecto a la muerte del joven, se habla de un caso de tortura que involucra tanto a reos del mismo recinto, como policías que estaban destinados en el lugar. Antes de Chistopher, en 2018 fue asesinado Víctor Hugo “Oti” Escobar, reo considerado el más peligroso de Bolivia, quien murió tras recibir más de 20 puñaladas por un grupo de unas 15 personas.
“El caso de Christopher llega en un momento que ha impactado y hemos intervenido inmediatamente. Tenemos seis testimonios de personas privadas de libertad. Hubo abuso de autoridad, tortura. Con el video último, creemos que en lugar de exculpar al policía implicado lo inculpa, porque en el caso de tortura una de las configuraciones es obtener testimonios favorables u obtener declaraciones o testimonios. Ese video evidentemente muestra tortura”, manifestó sobre el tema la defensora del pueblo, Nadia Cruz.
Sin embargo, para el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, el hecho es considerado como un “caso aislado”, debido a que éstos no se presentan de forma continua. “En este caso, se ha asumido todas las acciones necesarias. Nosotros hemos comunicado y hemos coadyuvado con las investigaciones, el Ministerio Público que ha llevado adelante una investigación imparcial y objetiva, por lo que se ha generado la detención de una primera persona (oficial de policía) aparte de dos privados de libertad. Lo que vamos a hacer es dejar precedentes para que no vuelva a ocurrir este tipo de hechos que los denomino aislados porque son pocos los que se presentan, pero es importante tomar las acciones”, resaltó la autoridad.
Según datos del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), entre mayo y octubre de este año, se produjeron al menos 23 casos de tortura al interior de cárceles en el territorio boliviano, informó la directora ejecutiva Nadesda Guevara en declaraciones a la red televisiva Unitel. Régimen Penitenciario reportó que al menos 44 internos perdieron la vida en las cárceles del país en los últimos 14 meses, de los cuales 33 fueron por muerte natural, cinco por grescas y ocho no identificadas.
“Desde mayo, hemos identificado 23 casos de tortura y hemos denunciado ante las instancias correspondientes. Sobre la base de un informe que hemos realizado también hemos identificado varias irregularidades en los centros penitenciarios de Bolivia”, agregó Guevara, quien remarcó que la tortura sólo puede ser aplicada por servidores públicos que la cometen en primera persona o son permisivos frente a esos sucesos.
En tanto, Emma Bolshia Bravo, directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre Secuelas de Tortura Estatal (ITEI), denunció que, pese a que las víctimas muestran a los jueces los signos de tortura en las audiencias, éstos no los toman en cuenta e invisibilizan el delito. Por lo mismo consideró que lo ocurrido con el caso de Christopher es la “punta del iceberg”, respecto a lo que sucede en los recintos penitenciarios.
“Cuando las personas que han sido torturadas en los recintos penitenciarios muestran las marcas de tortura a los jueces, nunca son tomadas en cuenta, ni siquiera se deja constancia ni se escribe sobre estas denuncias. De estos testimonios hemos recibido en cantidades”, señaló la especialista en entrevista con radio Panamericana.
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Control interno
Para la Defensora del Pueblo, es “secreto a voces” lo que pasa al interior de las cárceles desde hace muchísimos años. La institución presentó en 2018 el informe denominado “Volcar la mirada a las cárceles”, en el que se hizo hincapié en diversos problemas del sistema penitenciario los cuales hasta la fecha no fueron completamente superados.
“La cantidad de seguridad que existe en nuestros centros carcelarios en relación a la población penitencia es mínima. La seguridad penitenciaria funciona en el exterior del centro carcelario, pero al interior es una regulación que hacen las mismas personas del centro. Casi imposible que se pueda administrar. En el caso de Régimen Penitenciario ocurre lo mismo. En 2020 se generó un retroceso preocupante porque se bajó la cantidad de personal que se tenía y hubo acefalías importantes para la prosecución de causas judiciales y la reinserción social. Eso ha generado un debilitamiento mucho mayor de lo que está pasando dentro de las cárceles”, manifestó la autoridad.
Según Cruz, la Defensoría como institución tomó conocimiento, a través de denuncias formales pero anónimas sobre abuso de poder, procesos de extorción, cobros ilegales, entre otros.
“Muchas de las denuncias llegan anónimas y, cuando entramos al centro e identificamos al denunciante, pide que sea con confidencialidad o reserva. Hasta donde se puede, un proceso se lo puede desarrollar, pero en muchos casos los mismos denunciantes van quitando las denuncias (posteriormente). Es muy complicado”, señaló.
Entre las recomendaciones que se hicieron en el informe “Volcar la mirada a las cárceles”, la Defensoría del Pueblo consideró que se debía cambiar la administración carcelaria que actualmente es policial a la civil. “Así como está, no hay un total control por parte del Estado. Lastimosamente, no ha cambiado, sigue a cargo del Ministerio de Gobierno. Nosotros creemos que los procesos de reinserción social deberían ser administrados desde el ámbito social o de derechos humanos; mientras no pase aquello, vamos a continuar teniendo este tipo de problemas”, enfatizó.
Aunque el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, reconoce que existen problemas latentes al interior de las cárceles, señaló que éstos sólo son resquicios de grupos de poder, los cuales son constantemente desarticulados por el Gobierno.
“Es una política de inicios de gestión. Hay estos grupos irregulares que quieren tomar el poder con la fuerza y la violencia o que comete ilícitos hacia afuera. Constantemente estamos trasladando, moviendo gente, tomando las acciones. Hay denuncias de golpizas que se presentan entre privados de libertad en las cuales la administración penitenciara toma las acciones inmediatamente, eso saben todas las instituciones. Nosotros somos una dirección que se ha caracterizado por tomas todas las acciones en el momento”, resaltó Limpias.
La autoridad resaltó que las políticas que ha diseñado Régimen Penitenciario respecto a la educación, reactivación económica, salud y reinserción social, también están coadyuvando a poner orden, pues estas acciones también ayudan a que el privado de libertad denuncie irregularidades.
“Esa confianza que le estamos danto está permitiendo eso, que el privado se sienta en la libertad de denunciar y no sentirse amedrentado, eso no está quedando en saco roto. Antes había quejas y no se hacía nada. Pero, además, actualmente instituciones ingresan a los centros penitenciarios en cualquier momento, a cualquier hora y ellos son los que nos retroalimentan a nosotros entonces hay que tomamos acciones”, enfatizó.
Respecto al cambio de administración, Limpias dijo que el problema que existe en los recintos carcelarios no se resolverá con un cambio en ese aspecto. “Lo mismo pensaron Perú y Colombia, que era mejor una administración civil, pero yo he estado en esas cárceles y es lo mismo o a veces peor. Igualito hay drogas, grupos de poder, armas, celulares, todo. Creo que hay que ir con el tema de la formación, el personal debe estar formado y capacitado”.
Un poco más duro en su posición se muestra el exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos, quien señaló que mientras no se haga una completa reingeniería de los centros penitenciarios, los problemas que se presentan al interior continuarán sin relevancia hasta que se presente otro caso que sacuda la opinión pública, como lo ocurrido con el caso de Christopher.
“Cuando a un perro le tiran una piedra, el perro muerde la piedra y no al que ha lanzado la piedra. Eso es lo que pasa en el sistema penitenciario: cuando hay muerto niño o niña violado, cuando encuentran algo muy grande a corrupción alcohol y drogas recién la gente habla del mundo penitenciario, pero en el fondo todo sigue igual y por eso es que frecuentemente cada año aparecen casos violentos en las cárceles”, enfatizó.
En criterio de Llanos, el cambio de administración de los recintos carcelarios obedece a recomendaciones internacionales. “Al interior hay una especie de gobiernos de facto, autoridades que hacen y deshacen en esos ambientes. Se cumplen de seguridad exterior, pero en el interior hay un mundo complicado. Toda Latinoamérica está haciendo modificaciones en sus cárceles y los únicos retrasaditos somos los bolivianos”, observó.
Antecedentes
A pesar de ese problema, las autoridades coinciden en que se han generado importantes avances respecto a la población carcelaria, como la reducción del hacinamiento carcelario de 227 por ciento en 2018 a 170 en septiembre de 2021; el mejoramiento de recintos que estaban observados por la deficiente infraestructura, acceso a agua potable y hasta está en agenda la próxima presentación de un protocolo para la atención de los privados de libertad con VIH.
“La Defensoría acompaña en los pedidos de amnistía e indulto por razones humanitarias, de 873 carpetas para indulto, hay 688 beneficiarios. En el caso de amnistía, de 902, 709 salieron procedentes. Hay otras en trámite, pero es importante el avance respecto a la población penitenciara”, destacó.
Para la Defensoría del Pueblo, una las mayores debilidades que tiene el sistema penitenciario es que deviene del sistema de justicia por la cantidad de personas detenidas preventivamente en relación de presos con condena que es diametralmente diferente.
En ese contexto, tras el informe de 2018, se debía trabajar una labor más expedita desde la Fiscalía General y el Órgano Judicial para una política pública o una política criminal destinada a establecer de forma clara y transparente cuales son los caos que se van a priorizar en los temas de investigación, pero Bolivia no cuenta con una política criminal.
Infraestructura
Otro de los problemas que se identificó es el de infraestructura. En ese tema, según la evaluación de Cruz, se avanzó con obras como la construcción de cárcel de La Merced de Oruro, la cual se edificó con una inversión de más de 10 millones de bolivianos en la que participaron el Gobierno central, la Alcaldía y la Gobernación de Oruro. En Riberalta también se identificó una situación carcelaria infrahumana, ante lo cual el Ministerio de Gobierno y las instituciones locales lograron concretar una construcción más grande y con mejores condiciones de habitabilidad.
Según datos de Régimen Penitenciario, es importante el anuncio que hizo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, respecto a las gestiones para encaminar nuevamente la construcción de los complejos penitenciarios de La Paz, Cochabamba y Santa cruz.
“En el caso de servicios básicos, se ha mejorado el acceso a agua en los penales de San Roque, Calahuma y Chonchocoro, Villa Bush, Morros Blancos y la carceleta de Riberalta (…). Respecto a la salud, en el Sistema Universal de Salud se ha impulsado la implementación de un protocolo para la atención de personas con VIH en recintos penitenciarios, que está próxima a presentarse”, destacó la Defensora.
Respecto al acceso a la educación, el informe de 2019 observaba un acceso al estudio limitado. Actualmente se promovieron programas como el de Libros por Rejas, que tiene dos años y cuenta con certificación con carga horaria que es válida para lograr beneficios penitenciarios. También está el programa Entrenando por la Liberación, con el que se logró la calificación de técnico inicial para los privados de libertad como árbitros y entrenadores.
En este aspecto, Limpias destacó que en casi en todos los centros penitenciarios capitales se tienen centros de educación alternativa donde los privados de libertad pueden concluir su bachillerato y dar un paso hacia la educación superior. “Tal vez no a la universidad, pues por temas de presupuesto, a muchas universidades cuesta llevar docentes. Pero ahora tenemos opción de poder tener educación a distancia que es algo de las pocas cosas buenas que nos ha dejado la pandemia”, resaltó.
Para el director de Régimen Penitenciario, la educación es uno de los pilares para reinserción social, aunque también identifica al acceso a la salud como otro de los ejes para recuperar a la población carcelaria. Pero además se está reactivando la economía y, por ello, el sector participó en todas las ferias económicas departamentales.
“En coordinación con Régimen Penitenciario, hemos logrado armar cursos virtuales sobre derechos humanos de personas privadas de libertad y otro específico para los que están trabajando en seguridad penitenciaria”, Cruz.
Para Llanos, los cambios en el Régimen Penitenciario que se deben generar deben tener como punto central la humanidad. “Lastimosamente, la gente no tiene amor para cambiar las cosas. Ya ha habido muertes, masacres, intervenciones, indicadores de lo mal que estamos. Es necesario alguien proactivo para promover estos cambios”, dijo.
Limpias, en tanto, también llama a la reflexión a la sociedad. “Hay que dejar de estigmatizar a los privados de libertad; eso no ayuda a la reinserción. Los vemos como si fueran lo peor. ¿Será cierto que no hacen nada? ¿Será que las cárceles sólo son escuelas del delito donde hay un contagio criminológico? No se debería mejor mostrar que desde las limitaciones e incomodidades que tiene, estas personas van haciendo su esfuerzo para capacitarse y hacer cosas diferentes. Hay una mínima parte de los privados de libertad que están en cosas malas, se reduce a eso, pero la gran mayoría quiere cambio y exige a su sociedad que se involucre con ellos”, finalizó.
