Jueza decide que magistrados del TCP sean procesados en juicio de responsabilidades y no por vía ordinaria
Una jueza de Sucre determinó que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sean procesados en la vía de juicio de responsabilidades y no por vía ordinaria, en el proceso que se les instauró por presunta usurpación de funciones.
La información fue proporcionada por el presidente del TCP, Paul Franco, quien indicó que la jueza ha declarado probado el recurso de excepción, disponiendo que la Fiscalía proceda al archivo de obrados del proceso penal.
El argumento para este fallo consiste en que los magistrados siguen ejerciendo el cargo, en virtud a la prórroga decidida por la Declaración Constitucional 049/2023, por lo cual les corresponde juicio de responsabilidades.
"Pues estamos ejerciendo funciones en condición de magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, en consecuencia la juez ha declarado probada la excepción de falta de acción establecido que debe aplicarse el contenido de la ley de juicio y responsabilidades número 044", afirmó Franco, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.
Con esa decisión, el procesamiento de los magistrados corresponde a la Asamblea Legislativa, mediante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, de acuerdo con la Ley 044.
"Quienes tienen que llevar adelante el procesamiento, en virtud al reconocimiento judicial que existe a la vinculatoriedad y obligatoriedad de la Declaración Constitucional 049, es precisamente la Asamblea Legislativa Plurinacional, puesto que nosotros estamos en este momento cumpliendo funciones en nuestra condición de magistradas y magistrados", recalcó Franco.
De promoverse el juicio de responsabilidades, la investigación debe estar a cargo del Comité de Ministerio Público de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Esa instancia debe decidir si imputa a los magistrados.
Los magistrados fueron denunciados por parlamentarios de Comunidad Ciudadana, que los acusaron de usurpar funciones con su prórroga, después de terminar su mandato el 31 de diciembre.
