Policía confirma que jueza Moreno, que favoreció a Evo, viajó a La Paz y temen que haya salido del país
La jueza Lilian Moreno Cuéllar, que por segunda vez dictó un fallo a favor del expresidente Evo Morales, dejó su despacho en Santa Cruz tras emitir la resolución y viajó a La Paz con una licencia aprobada por el Tribunal Departamental de Justicia. La Policía teme que la funcionaria ya haya abandonado el país por la frontera con Perú.
Según reportes policiales, Moreno abordó el lunes 28 de abril el vuelo OB-681 de Boliviana de Aviación (BoA) con destino a La Paz. No se registró pasaje de retorno a Santa Cruz. La magistrada solicitó licencia por motivos personales desde el 29 de abril hasta el 6 de mayo. Tras conocerse el fallo, agentes acudieron a su despacho y domicilio, pero no la encontraron.
Los investigadores no descartan que haya cruzado la frontera hacia Perú por tierra. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación del hecho ni tampoco existe ninguna orden de aprehensión en su contra.
El fallo de Moreno anuló la orden de aprehensión contra Evo Morales en un caso de presunto delito de trata y tráfico de personas con agravantes, lo que generó una ola de críticas desde distintos niveles del Estado.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, calificó el fallo como una “payasada” y advirtió que esta acción puede constituir el delito de desobediencia a resoluciones judiciales, con penas de hasta seis años de prisión. “Vamos a pelear, como siempre, con la justicia boliviana. Esta decisión es nula de pleno derecho”, declaró.
El Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia anunciaron investigaciones de oficio contra la jueza. El presidente del Tribunal Supremo, Romer Saucedo, criticó duramente el fallo. “No compartimos decisiones que permitan a personas procesadas por pedofilia burlarse de la justicia. Primero nuestros niños”, publicó en redes.
En conferencia de prensa, Saucedo recordó que existen dos resoluciones vinculadas al caso: la emitida por Moreno en Santa Cruz y otra en La Paz, que respalda a la víctima y exige al Ministerio Público continuar la investigación.
Manuel Baptista, presidente del Consejo de la Magistratura, confirmó que se inició una investigación disciplinaria. “Si esta decisión fue contraria a la ley, esta funcionaria será sancionada”, afirmó.
