Feminicida y violador serial dijo que tenía cáncer, pero era gastritis; el juez Alcón lo beneficio con detención domiciliaria
El juez Rafael Alcón Aliaga dictó la detención domiciliaria a favor de Richard C. F, pese a su sentencia de 30 años de cárcel por el delito de asesinato, quien alegó tener cáncer gástrico y hepático cuando en realidad padecía de gastritis crónica y asma.
En la resolución judicial sobre la detención domiciliaria consta que el feminicida alegó tener cáncer gástrico, cirrosis y cáncer hepático que “podrían desencadenar en su muerte”, según Unitel. Además, para conseguir su libertad alegó que su madre también tenía cáncer y que estaba a su cargo.
La detención domiciliaria era de tipo temporal por 18 meses, es decir, un año y medio en libertad, tiempo suficiente para cometer sus crímenes. El juez anunció que alista sus descargos para el Consejo de la Magistratura que intervendrá el juzgado que dictó la libertad de Richard C.
Por otra parte, la fiscal Dubravka Jordán informó este jueves que el Ministerio Público no cuenta con antecedentes de las 77 presuntas víctimas de violación de Richard C., imputado por el delito de feminicidio de dos jovencitas, Iris M. y Lucy M.
“Se ha hecho referencia de que aparentemente serían 77 víctimas, hay que tomar en cuenta que dentro del cuaderno de investigaciones, tanto en relación al hecho que se investiga en la especializada de trata de personas, así como en delitos contra la vida, no se tiene de estos antecedentes”, manifestó la fiscal en radio Compañera.
Añadió que si bien se informó por los medios de prensa que existían 77 víctimas, la fiscalía no tiene evidencia ni antecedentes de estas presuntas violaciones a otras mujeres, aunque el caso está en proceso de investigación.
Choque Flores fue imputado por el delito de feminicidio de dos jovencitas, Iris y Lucy, que el año pasado fueron reportadas como desaparecidas y este pasado martes sus cuerpos fueron hallados enterrados en la casa del sindicado. También es investigado por los delitos de trata de personas, proxenetismo, pornografía y portación de armas.
La Policía informó que Richard C. captaba víctimas a través de las redes sociales, verificó que había dado con varias mujeres no solo de La Paz, sino de Cochabamba, Santa Cruz y hasta de Los Yungas.
“Por lo menos hay 77 denuncias de personas que fueron sorprendidas por este sujeto, que no solo fueron extorsionadas, sino también fueron obligadas a mantener relaciones sexuales", refirió el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera.
La fiscal Dubravka Jordán informó que existe el antecedente de que el investigado cuenta con una imputación que data del 2013 por el delito de asesinato. En noviembre de ese año, fue encontrado el cuerpo de una joven de 20 años, Blanca Limachi, en la casa de Richard C. Usó el mismo modus operandi para matar a Iris y Lucy, las enterró en su domicilio.
“De la gestión presente se ha estado investigando, por los delitos de trata de personas, tenencia por portación ilícita, pornografía y proxenetismo, misma que a la fecha se tiene cuatro personas identificadas en calidad de víctimas, esto dentro de este caso que se está investigando”, informó Jordán.
Los vecinos de la zona de Ballivián en la ciudad de El Alto se movilizaron exigiendo la pena máxima incluso demandaron la pena de muerte para sancionar los delitos atroces como los que admitió que cometió el feminicida y presunto “violador serial”, enviado con detención preventiva a Chonchocoro por seis meses.
Según la fiscal asignada al caso, subrayó que el investigado se acogió a su derecho al silencio y no dio ningún antecedente por el cual el Ministerio Público pueda denotar que son 77 víctimas.
Por otra parte, en relación a las declaraciones de un criminólogo que entrevistó a Richard C., la fiscal dijo que no serán válidas porque el Ministerio Público tiene como fuente las instituciones llamadas por ley a realizar pericias y otros exámenes.
“El Ministerio Público no va ser parte de vulneraciones de derechos y garantías. Conforme la ley manda, el Ministerio Público bajo mandato de la Constitución Política del Estado tiene que hacer prevalecer lo que la ley ordena”, subrayó.
