El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo anoche que proseguirán con las acciones para dar con todos los responsables de la asonada militar del 26 de junio. “No habrá impunidad para ninguno”, dijo la autoridad a tiempo de revelar que por detrás de estas acciones existen intereses políticos que pretenden desestabilizar al país.
El libro “Mi delito es ser indio, política y racismo en Bolivia”, de María Teresa Zegada y Gabriela Canedo, refleja cómo se exacerbó el discurso de racismo durante los últimos conflictos políticos en Bolivia.
La situación jurídica de los procesados por los casos Golpe de Estado I y II debe cambiar, tras las declaraciones recientes de una presunta solicitud del expresidente Evo Morales a sus afines para que pidan su renuncia en 2019. Si bien se antepondrá la persecución política, es un nuevo remezón para el Movimiento Al Socialismo (MAS), señalaron dos analistas.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) calificó de pugna de “pequeños grupos” para tomar el poder político de Santa Cruz a través del Comité Cívico pro Santa Cruz y el Comité Interinstitucional, instancias que lucharon de forma conjunta en la demanda de un censo oportuno.
“Desde un principio había manifestado que este era un caso estrictamente político y partidario”, sostuvo ayer el exsecretario municipal Álex Contreras, tras ser absuelto en el caso “nombramientos ilegales”.
Al menos cinco sectores asumirán medidas contra el Gobierno en rechazo a diversas normativas que busca aprobar como la currícula educativa en colegios, el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas (PL 280), la Gestora y otras. En tanto, la administración del presidente Luis Arce sostiene que se trata de una arremetida política que busca debilitar su mandato.
Analistas manifestaron que lo político se antepuso a lo administrativo en la aprobación de la Ley de Ausencia Temporal en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz. La norma faculta a Luis Fernando Camacho a gobernar desde el penal de Chonchocoro, en el departamento de La Paz.
Jerjes Justiniano, el exministro de la Presidencia durante el Gobierno de Jeanine Áñez, se declaró “perseguido político”, descartó volver a Bolivia y anunció que pedirá asilo político en un país donde “pueda trabajar”.
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó ayer la recomendación de abrir un juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, una petición que llevó a cabo el Ejecutivo a principios de año y que tiene pocos visos de prosperar por la falta de mayorías necesarias en el oficialismo.