LA LUZ Y EL TÚNEL
Al cabo de persistentes anuncios, o de una especie de preparación psicológica de largo aliento, asistimos a una aparente operación de relanzamiento del Ministerio de Gobierno que, además de sus propios problemas, se muestra crucificado por los enfrentamientos internos del MAS.
Que las sillas se despeguen del piso y surquen furiosas el aire, ha dejado de ser una excepción en los congresos del MAS y tiende a convertirse en la regla. Ha vuelto a pasar en Potosí, donde la fracción que dirige el señor Morales Ayma es acusada de querer imponer la directiva departamental, como ya lo hizo con la candidatura del gobernador.
La relación de la burocracia estatal con el tiempo de los demás, mediante sus acciones u omisiones, desnuda la esencia del tipo de poder vigente en un cierto momento. La posibilidad y capacidad efectiva de cada persona para emplear el suyo, de manera que resulte individual y colectivamente más fructífero, es uno de los marcadores más confiables del ambiente de libertad del que disfruta o se priva a una sociedad.
Aunque no escuché, sino leí, las declaraciones del presidente cívico del Beni, sigue resonando en mis oídos el tono angustiado de sus declaraciones del jueves 3 de junio último, urgiendo a que se complete la vía que terminaría de romper y descuartizar al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) para neutralizar los bloqueos de los pequeños soyeros.
Hubo un tiempo, el mismo durante el cual diputados y senadores se hacían llamar honorables, que los rectores de las Universidades recibían el título de magníficos y los Consejos Universitarios (órgano de gobierno de las casas de estudio) el de Ilustres. Que yo sepa, los delegados estudiantiles no tenían uno que los distinguiera. Tanto nombre retumbante y pretencioso ciertamente no mejoraba la calidad de las instituciones, ni las sustraía a nuestra triste historia de imitación de otras experiencias estatales.
Que el Gobierno ha perdido el control de la Policía no es novedad. Quedó muy claro, hace ya varios años, cuando el señor Morales Ayma, presidente en ese momento, estableció un plazo de 90 días para reformarla y nada sucedió. O todo sucedió y continúa ocurriendo. Desde la extorsión cotidiana y las veleidades políticas, hasta ese incómodo 95% de autos robados en manos de jefes y sus protectores políticos, o los megalaboratorios de cocaína “del tamaño de un pueblo” que se evaporaron el mes pasado, mientras las patrullas y el Ministro buscaban un poquito más allá….
La pugna por incluir o no la autoidentificación de mestizo en la papeleta censal está que arde. De un lado, la ignorancia, real o fingida, pero definitivamente servil, del tecnocratismo ministerial que quiere clausurar cualquier debate, usando como excusa lo indígena-originario-campesino (IOC) y, del otro, la pasión de los que argumentan que el mestizaje sería la quintaescencia de lo nacional.
¿Será posible que las principales organizaciones empresariales resulten socios indispensables de la estrategia masista para controlar, sin cambios y sin fecha de vencimiento, el poder estatal? Algunas de las principales señales que difunden, muestran que es así.
Escandalizados, los aludidos opondrán como pruebas en contra las rutinarias quejas de las cámaras de empresarios sobre la política económica vigente y sus permanentes críticas y mociones de ajustes, así como los ataques y presiones que reciben desde el Estado.
Se conoce de la batahola que ha causado la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) publicada el 17 de marzo, que aprueba el recurso planteado por el señor Juan Evo Morales por su inhabilitación como candidato a senador en 2020. La atención se ha volcado principalmente a la orden del TCP, como parte de esa sentencia (87/2021), de indemnizar a Morales con una suma que podría superar el millón y medio de bolivianos, por “daño emergente” y “lucro cesante”.
En esta nueva era de invasiones y guerra, algunos compromisos que supuestamente diferenciarían a las autoridades actuales de sus predecesoras son quebrados, silenciosa pero persistentemente, por el Gobierno, al mismo tiempo que tras la propaganda de “grandes obras y realizaciones” se acumulan decisiones cuyo costo castigará a la mayoría de bolivianas y bolivianos.