LA LUZ Y EL TÚNEL
¿Cómo se sostiene una estructura tan carcomida como la que domina hoy al país? Que el expresidente Morales Ayma brinque al ruedo a defender, desafiante, a su amigo y seguidor, el gobernador de Potosí, por haber sido detenido acusado de delitos, es apenas una de las señas del agrietamiento de nuestra sociedad.
Cuando el candidato no cuida, en su eterna campaña, que se lo asocie con alguien contra quien se suman pruebas de asociación criminal, está expresando que no espera consecuencia alguna de sus actos.
Al cabo de casi un año y medio desde que Yerko Terán, entonces comandante de Umopar en Chimoré, denunció a sus inmediatos superiores y al ministro y viceministro de Gobierno de ordenar “exfiltrarse” (abandonar la intervención policial en curso) de un complejo industrial de refinación de cocaína, en el Valle Sacta, Chapare, los silencios, enredos y contradicciones sobre la política contra este delito se multiplican.
Interpretar los estados de ánimo o sentimientos colectivos puede ser una de las pretensiones más difíciles de realizar; siempre, bajo un alto margen de error. Si entenderlos, o simplemente captarlos, a escala individual resulta incierto o complejo, intentarlo con grupos masivos multiplica, la mayor parte de las veces, las posibilidades de equívoco. Las ciencias humanas (sociales) y sus instrumentos, incluyendo el uso de encuestas y estadísticas basadas en big data (inteligencia de datos), puede ayudar, pero están lejos de proporcionar certezas.
Nuestra Constitución tiene al frente a poderosos enemigos. Está, desde luego, en primer plano y con todo su poder, el conjunto de los aparatos de Estado, comandados por el Ejecutivo y, en destacado sitial, el Tribunal Constitucional que la subordina a su arbitrio y legaliza la montaña de asaltos que se cometen contra ella.
Presumen de valerosos, pero usan pandillas entrenadas en el amedrentamiento, respaldadas y resguardadas por la Policía, para acallar y humillar a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, compuesta hoy mayoritariamente por mujeres, encabezadas por una exmonja de 84 años, que desde hace décadas asume la responsabilidad de denunciar las violaciones contra los derechos humanos.
Que el Estado es extraño a las personas, los ciudadanos, es un dato hoy universal; pero, que asuma un trato tan adverso y hostil, como lo es en el que llamamos “nuestro” Estado, es una peculiaridad de gran parte de lo que solía llamarse el Tercer Mundo; peor o mejor, según las circunstancias de cada país.
Con la calidad de consejeros de los que se ha rodeado el jefe del Gobierno, es muy probable que al enterarse de que el vicepresidente del Movimiento Al Socia-lismo (MAS) ha afirmado, hace poco, que su partido “ya no pedirá cambio de mi-nistros”, le hayan dicho que puede respirar tranquilo —al menos por un tiempo y por un tipo de asuntos—.
Con tono teatralmente alarmado, el ministro de Justicia advierte que “el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) puede suprimir la elección de voto popular para los comicios judiciales”. Tanta simulación de quien ha demostrado que puede dar órdenes al TCP disfraza, apenas, una amenaza/invitación a la oposición parlamentaria, anunciándole que, si no apoyan a sus candidatos para la elección judicial, el TCP podría dar un nuevo golpe de Estado, “tumbando” la elección popular de magistrados.
Una serie de profetas, cada cual, con peor o mejor predicamento, vienen anunciando la caída, cierre o clausura de la globalización (o mundialización como prefieren los franceses). Durante varios años y, con particular insistencia, desde la explosión de la pandemia de Covid-19, seguida por los ataques y restricciones de la guerra comercial de EEUU contra China y, ahora, con la invasión rusa a Ucrania, los augures del final de la globalización se han multiplicado, expresando gozo, pesar o miedo, según la inclinación de cada uno.