LA LUZ Y EL TÚNEL
La deliberada intención de aplastar y causar dolor, selectiva en principio, ha sido característica temprana del régimen, y la aplica a individuos y poblaciones, igual que a la Naturaleza, a la que canta loas jurídicas, pero se esfuerza en devastar bajo la coartada de generar desarrollo.
Conocida la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), colocar el énfasis en demandar juicios que deberían afrontar los autores materiales e intelectuales de la sentencia que autoriza la reelección continua tiende a repetir un ciclo estéril y vicioso.
La falta de creatividad y conocimiento profundo de la realidad del país, para generar respuestas que enfrenten seria y decididamente los problemas económicos inmediatos y el hundimiento del modelo de desarrollo vigente, tienen como una de sus expresiones más intensas la agudización de las disputas por tierras y territorios, particularmente en el departamento de Santa Cruz.
En acto de exhibición de fuerza y, también de desesperación, una franja de uno de los sectores sociales más poderosos de esta fase histórica, los cooperativistas mineros, anuncia que prepara una batalla campal, incluyendo marchas, toma de instituciones públicas –entre ellas el Comando Departamental de Policía– si sus demandas no son atendidas.
Eso significa exactamente la declaración del Ministro de Justicia, al plantear que: “el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) será el ente que decidirá el alcance de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Esa es la posición gubernamental ante la próxima publicación de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana sobre la pregunta: ¿Es la reelección presidencial indefinida un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos?
Voz 1: ¿Están dispuestos a manipular la información, al igual de lo que hace el MAS?
Voz 2: “Ciento por ciento”.
Presuntamente, la primera voz sería del contacto-agente de ventas y traductor de un grupo mercenario estadounidense; la segunda, la del exministro de Defensa del Gobierno interino.
Si Gonzalo Melgar (52 años), desocupado desde el inicio de la pandemia, cumple su cometido de recorrer los mil kilómetros que separan a la ciudad de Santa Cruz de la sede de gobierno, podría llegar a La Paz, al ritmo al que avanza, en la tercera o cuarta semana de julio. Él confía que culminando tan dilatada travesía, su sacrificio le será recompensado con una audiencia con el Ministro de Economía, o mejor, con el Jefe de Estado.
¿Será necesario que llegue a morir 1 de cada 100 bolivianas o bolivianos, víctimas de la enfermedad, para que la profunda insatisfacción que hoy sentimos ante la ceguera gubernamental y política se convierta en huracán que haga tronar el escarmiento?
Llenar todos los resquicios del espacio público con la discusión, repetida hasta atontarnos (y legitimar una oleada represiva), sobre si las renuncias de los principales responsables políticos y su atropellada escapatoria en 2019, se debió a un golpe o un fraude, es la manera más deshonesta de esconder los problemas, que revientan doquier, sin que el Gobierno tenga idea, menos plan, para atenderlos.
La acusación de proteger o participar del tráfico de cocaína ha sido una de las armas arrojadizas preferidas en las disputas partidistas bolivianas, especialmente contra el régimen del MAS, dada su cuna y proximidad con los dirigentes cocaleros del Chapare. También ha sido una de las más inútiles e impotentes, cuando se ve la historia electoral nacional de este siglo.