LA LUZ Y EL TÚNEL
Varios economistas previenen que el precio del dólar continuará escalando si la modificación de las reglas de cambio dispuesta en junio no se complementa con otras decisiones, propias de las recetas de ajuste estructural clásico.
Ninguna de las medidas recomendadas se concentra en aliviar el nuevo golpe que han recibido los ingresos de las familias con el renovado impulso inflacionario, ya que parece existir un consenso entre especialistas y académicos de que nada puede hacerse al respecto, además de que las víctimas se resignen.
Suele ocurrir que lo premioso de una situación no coincida con su importancia. Si, por ejemplo, un cirujano tiene que llegar cuanto antes a practicar una operación decisiva para la vida de un paciente –lo importante– recibe un llamado de su hijo que necesita ya mismo, en su escuela, algo que dejó en casa para aprobar, enfrenta una decisión difícil frente a la urgencia y la importancia que marchan por separado.
El indudable retroceso de la cantidad de bloqueos de ruta no calma la desesperación de los cientos de miles -los más pobres y abandonados- que sufren las dentelladas de hambre y angustia que significa el no poder trabajar, ganar el sustento diario y conseguir el mínimo ingreso para sobrevivir.
Va quedando claro para todos que si el presidente todavía permanece en su silla, ya que no en el control, se debe más a que su cambio ofrece, por lo pronto, peores posibilidades de las que transitamos hoy.
Choques armados y sangre si predomina el camino de la fuerza para imponer orden; multiplicación del caos si se impone una “solución política” (sucesión, revocatorio, elecciones, cogobierno). Es lo propio de los empates catastróficos, para recuperar la frase de Antonio Gramsci, y de nuestra propia historia a inicios de siglo.
El acortamiento del mandato presidencial, como lo pide sin reparos la caduca burocracia sindical inspirada en el maximalismo de sus deseos y añoranza de los privilegios del régimen corporativista, no cuaja en la población pese a los muchos motivos que le da la conducción política del país.
El hecho de que el secretario ejecutivo de la COB no haya insistido en el tema durante su última reaparición podría indicar que la aristocracia laboral empieza a entender los límites de su espacio de acción.
Nuestra imagen de ser un país díscolo y rebelde, pero finalmente apegado a prácticas ajenas a la violencia abierta, empieza a desvanecerse por la firme alza de asesinatos, ejecuciones, secuestros, incendios premeditados, invasiones, focalizadas de momento, pero con un potencial considerable de expansión e impregnación.
El asesinato de un juez encargado de litigios de tierra y territorio subraya que mantener una mirada exclusiva policial y criminal, no atiene ni entiende el tamaño del problema.
Una buena parte de los políticos profesionales, sus abogados y funcionarios designados vienen esforzándose en convencernos de que fallos y sentencias judiciales, que no pueden esconder su carácter monstruoso, tienen que ser cumplidas y ejecutadas con fatal resignación, porque impugnarlos y enfrentarlos sería un abominable acto contra la “seguridad jurídica”.
Hace cuatro meses, la época navideña última nos trajo un debate, a dos vueltas, sobre la revolución de 1952, entre el filósofo Hugo C. F. Mansilla y el abogado Horacio Calvo.
Con sus resultados en puertas de confirmarse, las elecciones del domingo han reiterado lo que sabíamos y que los expertos no quieren ver y menos asumir: que la sufrida democracia boliviana funciona sin partidos o, con más exactitud, a pesar de ellos.
Que el presidente de la Cámara de Senadores argumentara, el 25 de febrero recién pasado, que el Legislativo está privado de ejercer sin cortapisas su obligación y derecho de fiscalizar al Gobierno, porque debe acatar la determinación de un exjuez que hoy se encuentra preso, acusado con pruebas de ser parte de un consorcio criminal, demuestra que el sistema democrático del país se sostiene a pesar y en contra de quienes ocupan el rol de sus máximos representantes y no gracias a ellos. Nada nuevo bajo el sol.