LA LUZ Y EL TÚNEL
El acortamiento del mandato presidencial, como lo pide sin reparos la caduca burocracia sindical inspirada en el maximalismo de sus deseos y añoranza de los privilegios del régimen corporativista, no cuaja en la población pese a los muchos motivos que le da la conducción política del país.
El hecho de que el secretario ejecutivo de la COB no haya insistido en el tema durante su última reaparición podría indicar que la aristocracia laboral empieza a entender los límites de su espacio de acción.
Nuestra imagen de ser un país díscolo y rebelde, pero finalmente apegado a prácticas ajenas a la violencia abierta, empieza a desvanecerse por la firme alza de asesinatos, ejecuciones, secuestros, incendios premeditados, invasiones, focalizadas de momento, pero con un potencial considerable de expansión e impregnación.
El asesinato de un juez encargado de litigios de tierra y territorio subraya que mantener una mirada exclusiva policial y criminal, no atiene ni entiende el tamaño del problema.
Una buena parte de los políticos profesionales, sus abogados y funcionarios designados vienen esforzándose en convencernos de que fallos y sentencias judiciales, que no pueden esconder su carácter monstruoso, tienen que ser cumplidas y ejecutadas con fatal resignación, porque impugnarlos y enfrentarlos sería un abominable acto contra la “seguridad jurídica”.
Hace cuatro meses, la época navideña última nos trajo un debate, a dos vueltas, sobre la revolución de 1952, entre el filósofo Hugo C. F. Mansilla y el abogado Horacio Calvo.
Con sus resultados en puertas de confirmarse, las elecciones del domingo han reiterado lo que sabíamos y que los expertos no quieren ver y menos asumir: que la sufrida democracia boliviana funciona sin partidos o, con más exactitud, a pesar de ellos.
Que el presidente de la Cámara de Senadores argumentara, el 25 de febrero recién pasado, que el Legislativo está privado de ejercer sin cortapisas su obligación y derecho de fiscalizar al Gobierno, porque debe acatar la determinación de un exjuez que hoy se encuentra preso, acusado con pruebas de ser parte de un consorcio criminal, demuestra que el sistema democrático del país se sostiene a pesar y en contra de quienes ocupan el rol de sus máximos representantes y no gracias a ellos. Nada nuevo bajo el sol.
El recuerdo de los días en que la moneda de Estados Unidos trepó hasta un precio de 20 bolivianos en puestos callejeros, casas de cambio y el mercado digital de USDT no se borra de nuestras mentes. Ocurrió hace poco más de nueve meses, a mediados de mayo de 2025, como lo registran medios y redes.
Las elecciones de autoridades ejecutivas (gobernadores, alcaldes) y legislativas (concejales y asambleístas departamentales) son bastante más de lo que se transmite al llamarlas “subnacionales”, como acostumbran políticos profesionales, periodistas y otros difusores masivos de informaciones.
Son, real e históricamente, elecciones autonómicas, porque el voto corresponde a las autonomías municipales y departamentales; las indígenas y regionales no tienen espacio en las votaciones de marzo.
Con las fiestas de fin y principio de año a nuestras espaldas, con un decreto inaugural erigido, caído y sustituido por otro, nos aprestamos, con alguna pereza, a vivir el Carnaval, mientras actores y sujetos sociales descubren y despliegan la transformación de identidades que experimentan como efecto de los cambios que en el país y el mundo se han acumulado largamente, pero que se atropellaron en la escena, en el curso de pocas y enloquecidas semanas.