PAREMIOLOCOGÍ@
Resulta imposible permanecer impávido a la vista del escándalo de los curas pederastas y el encubrimiento de algunas instancias a tan deplorables hechos, y lo menos que cualquier ciudadano exige es el esclarecimiento y castigo de esos delitos; aunque obviamente, todo ese procedimiento, debe estar sujeto al imperio del derecho.
Desde hace tiempo en nuestro país se ha instalado con mucha fuerza un sentimiento generalizado de incertidumbre y pesimismo que abarca diversos aspectos: la economía, la justicia (peor que antes), la política (cuándo no), la institucionalidad y, en suma, el futuro de Bolivia y sus habitantes. En la economía, los más antigüitos nos recordamos con temor de los tiempos de la UDP o vemos con pavor el drama de millones de venezolanos, cubanos o nicaragüenses dando el salto al vacío, huyendo de su vida sin futuro en sus “paraísos socialistas”.
A la vista del proceso en curso para la “elección popular” de nuevos altos cargos del sistema de administración de justicia (magistrados del TSJ, TCP y consejeros de la magistratura), lamento sostener que estamos ante la crónica anunciada de otro fracaso más, con lo que no solamente —como estado y sociedad— habremos cometido no un error, sino repetido por dos veces más, de yapa. Cicerón sentenció:
“Todos los hombres pueden caer en un error; pero sólo los necios perseveran en él”.
La libertad de expresión constituye uno de los derechos fundamentales (inalienables, indivisibles e interdependientes) que nos asiste a todos los seres humanos y, resumiendo, comprende nuestra facultad para expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones por cualquier medio de forma individual o colectiva, así como acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla o, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole.
Una de las garantías más poderosas —políticamente pensando— previstas por la Constitución Política del Estado (CPE) y los instrumentos internacionales consiste en la de legalidad por la cual, entre otras de sus emergencias, las conductas u omisiones a ser castigadas mediante el ius puniendi deben estar además de previamente previstas a los hechos, claramente definidas (taxatividad).
Mientras la CIDH realizaba su visita in loco a Bolivia precisamente para verificar en cancha el estado del arte del respeto de los DDHH, se han sucedido una serie de sucesos que, para ser educadito, en ese escenario, suenan por lo menos irrazonables.
Hoy, lunes, empieza la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado boliviano. Se trata de un mecanismo especial de protección de DDHH por el que los Comisionados se trasladan a un país en específico para monitorear su situación de DDHH y recabar información directa sobre cómo está cumpliendo con sus obligaciones internacionales en la materia.
En mis años mozos, el siglo pasado cuando estudiaba derecho en la San Francisco Xavier de Chuquisaca, recuerdo haber llevado en la materia de Derecho Penal —y con base en el libro del insigne jurista chuquisaqueño Manuel Durán Padill— el principio de justicia mundial, por el que se pretendía hacer justicia en ámbitos universales. En esas épocas, con el mundo aún no tan globalizado como ahora, sonaba a una suerte de fantasía pensar que una persona podría ser perseguida allende de su país o continente.
De acuerdo con cualquier elemental mataburros, la violencia consiste en el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Los expertos la identifican en más de una docena de formas, en diversos ámbitos, que van desde la institucional, la estatal, pasan por la doméstica y otras, abarcando no solamente la tradicional como es la física, sino otras menos perceptibles como la psicológica, pero también muy lesivas.