PAREMIOLOCOGÍ@
Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, principalmente, la humanidad tuvo a bien dotarse de estructuras y normativa con pretensiones de universalidad que prevenga y castigue semejantes afrentas perpetradas en su contra. Parecía que por fin habíamos aprendido la lección a la vista de millones de seres humanos víctimas de sus semejantes.
Como todos los últimos años, el prestigioso World Justice Proyect (WJP) acaba de presentar su afamado Índice del estado de derecho (disponible en https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/) por el que mide el estado del arte en 95% de los países del mundo.
Día que pasa nos acercamos al, para unos, temido apagón de altos cargos del sistema de justicia cuando el próximo 31 de diciembre los actuales cesarán indefectiblemente en sus funciones o, al menos eso dice el artículo 183 de la Constitución Política del Estado (CPE): que su periodo dura seis años y además no podrán ser reelegidos.
A raíz de un reciente fallo de una Sala Constitucional de la sede; para variar, una bancada oficialista o algo así, anunció presentar un proyecto de ley para hacer desaparecer las salas constitucionales. El senador proponente indicó que esas salas especializadas fueron creadas para atender los derechos de la ciudadanía, pero como ahora le restaron facultades a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), quiere derogar la Ley No. 1104 que las creó, ahorrando dinero para destinarlo a jueces ordinarios.
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la seguridad jurídica es: “…un principio por el que actúa como un medio de protección ante la actuación arbitraria del Estado, propiciando que la relación de éste y sus habitantes, se enmarque en reglas claras, precisas y determinadas, más aun refiriéndose a leyes que deben contener y desarrollar mandatos constitucionales, basados en la materialización, tanto de principios ordenadores del sistema jurídico, como de derechos y garantías constitucionales”.
Luego de emitida la Sentencia Constitucional Plurinacional 060/2023 de 31 de julio de 2023 —que jaló de las orejas a los asambleístas declarando inconstitucional su reglamento para las nuevas elecciones judiciales y su Ley transitoria No. 1513, y les exhortó a cumplir con sus funciones y atribuciones constitucionales para contribuir a generar condiciones que garanticen la preselección de los candidatos a esas elecciones— los políticos en la Asamblea Legislativa nuevamente se agarraron de las mechas haciendo exactamente lo contrario a lo dispuesto y exhortado.