PAREMIOLOCOGÍ@
Por las declaraciones del Presidente del Senado sobre una eventual reforma de la Ley No. 348 “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, se ha desatado un interesante debate sobre el tema y especialmente, variopintas reacciones.
Al cocalero le está pasando aquello de la mitología griega: sus muertos lo persiguen. Ahora volvieron los de la Masacre de Las Américas, acechan los de la Masacre de La Calancha (vía CIDH) y así sucesivamente. Como dijo Franz Tamayo, “mutatis mutandis”, no se puede ser eternamente impune y poderoso.
Definitivamente, vivimos tiempos afines a la “doctrina Morales” del “meterle no más”, así sea ilegal. Lo peor de todo es que ese lesivo comportamiento propio de la jungla en la que manda el más fuerte o el más abusivo y no de un estado sujeto al imperio del derecho no solamente proviene de parte de la ciudadanía, sino (lo que es peor) de quienes son autoridades públicas que tienen el principal deber de cuidado o garantía e incluso están en la primera fila en el ejercicio del ius puniendi. ¿Cómo podrán ejercerlo si públicamente vulneran la legalidad?
Aunque pocos ya se asombran a la vista de la sistemática vulneración del principio constitucional de objetividad del Ministerio Público, cuando se trata de procesos de alto voltaje político partidario que interesan a sus jefazos, la reciente imputación del ingeniero Edgar Villegas por el delito de instigación pública a delinquir por haber, desde lo técnico, revelado el fraude electoral cometido por el cocalero y Cía en las fracasadas elecciones 2019, no ha dejado a nadie indiferente.
Ha pasado el Censo 2024 y más allá del plausible esfuerzo estatal, de la entrega cívica de los censistas voluntarios y de la participación del soberano (algunos a regañadientes), además de los ingeniosos memes que nos han divertido durante nuestra “detención domiciliaria” (que afortunadamente duró un día), encuentro algo que a esta altura del partido resulta imposible de esconder bajo la alfombra: la profunda desconfianza que el Estado administrado por el Gobierno inspira y merece de la ciudadanía.
Producto de su visita in loco del año pasado, es decir, en cancha (futbolísticamente hablando), la CIDH ha publicado su informe “Cohesión Social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia”.
Cuando usted lea esta opinión, habrá fenecido el lapso habilitado para presentar candidaturas a las elecciones judiciales de altas cortes. Al momento que la escribo (sábado por la noche) ya van ocho repostulaciones de actuales magistrados autoprorrogados e incluso de algunos otros que pertenecen a la primera camada de “electos”; es decir, varios pretenden seguir siendo magistrados o volver a serlo, aunque de algún otro tribunal distinto del que ya fueron, dicen ellos, amparados en la ley o en alguna sentencia o declaración del Tribunal Constitucional.
Aunque me estaba antojando opinar sobre el repugnante espectáculo que la Asamblea Legislativa viene poniendo en escena estos días (en realidad la clase política, pues muchos de ellos son simplemente burdas marionetas de otros nefastos personajes), escojo algo muchísimo más grato: me refiero al espectáculo —en el cabal sentido de la palabra— brindado en la edición 2024 del Festival Viña del Mar por el, a mi juicio, más grande de todos los tiempos: el gran maestro Italiano Andrea Bocelli.