Gobernabilidad en la “democracia pactada con los movimientos sociales”

Luego de haber recuperado la democracia en 1982, en cinco periodos constitucionales, el Presidente fue elegido, en segunda vuelta, en el parlamento. Como ningún candidato y fuerza política obtenía el 50% más uno, de acuerdo al texto Constitucional vigente, el presidente “designado” era producto de un pacto entre las fuerzas más votadas y con mayor presencia parlamentaria. Teníamos, entonces, hasta el interrumpido periodo constitucional del 2002, Gobiernos de coalición parlamentaria, que le daban certidumbre y gobernabilidad al sistema democrático. Inauguran este ciclo, en 1985, la coalición parlamentaria de Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Pese a que el candidato de ADN, el Gral. Hugo Banzer Suárez  alcanzó el primer lugar, con el 32,8% de la votación; es elegido en el parlamento Víctor Paz Estenssoro del MNR, que había obtenido el segundo lugar con el 30,2%.

De ese modo se inaugura el ciclo de la “democracia pactada”. Perduraría cerca de dos décadas. La lógica de la gobernabilidad radicó, entonces, en los pactos y acuerdos parlamentarios, a los que no precisamente por regla, empero por necesidad, los partidos estaban obligados.

Sin embargo, excepto en el primero, estos pactos jamás se fraguaron en torno a programas de Gobierno. Ni hablar de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el bien común y el interés general. Prevalecieron más bien, las lógicas clientelares, prebendales, patrimonialistas y el cínico y desvergonzado cuoteo en todos los niveles del Estado. Obviamente, como era de esperar, la perniciosa lógica de estos pactos, poco a poco, mermaron la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de la propia democracia. En el último trecho de la “democracia pactada”, la credibilidad y confianza en el sistema político, se redujo drásticamente, dando lugar a la denominada “crisis de representación”; preludio del fin del ciclo prebendal-liberal.

Esta crisis de representación, más los negativos resultados del modelo neoliberal, generaron el escenario propicio para irrupción de Evo Morales y el MAS; que en las elecciones del 2005 arrasan con el histórico 54% de la votación, inaugurando un nuevo periodo de la democracia en Bolivia; donde los denominados “movimientos sociales” desplazan a los partidos del centro de la política. Esto había generado gran expectativa no sólo en Bolivia, sino en el mundo entero, pues se esperaba una intensa y positiva participación de estos “movimientos sociales” en el diseño y la generación de políticas públicas. En determinado momento, incluso, se habló del “Gobierno de los movimientos sociales”.

Sin embargo, para las elecciones de 2009, luego de la aprobación del nuevo texto constitucional, este proceso —Gobierno de los movimientos sociales—, poco a poco se fagocita y se degenera: En la lógica perversa de reproducirse en el poder, Evo Morales y el MAS pactan con los “movimientos sociales” en una relación de tipo corporativista, con agudas lógicas prebendales y clientelares. Igual que en el ciclo de la democracia pactada, lejos del bien común y el interés general. Pues, la naturaleza de este “intercambio político” es votos por recursos públicos: desde curules en el legislativo, cargos en el ejecutivo y recursos fiscales, hasta privilegios y ventajas en el diseño de políticas públicas. Los cocaleros, por ejemplo, se beneficiarán de una ley que ampliará los cultivos de la coca legal de 12.000 a 20.000 hectáreas.

En orden de prelación, en este pernicioso intercambio se pueden identificar a los cocaleros (nucleados en las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba), la Federación Nacional de Cooperativistas Mineros, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, la Federación Sindical de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, la Confederación Nacional de Juntas Vecinales, la Central Obrera Boliviana y el transporte federado. Todos ellos tienen su cuota de poder en el legislativo, ejecutivo y judicial. Incluso, en el anterior Tribunal Supremo Electoral, los cooperativistas mineros tenían su Vocal. La dirigencia de las Bartolinas y la Csutcb “volaron alto”, también, en este intercambio político, en la “repartija” y desfalco de los recursos del ex Fondioc.

Estos nocivos pactos, al margen de degenerar en extremo a los “movimientos sociales” que ya perdieron su esencia y naturaleza, son una amenaza también para la democracia y la gobernabilidad. En el nuevo ciclo económico de “vacas flacas” estos perniciosos pactos pueden provocar escenarios de ingobernabilidad. Ahí se ubica el último conflicto con los cooperativistas mineros. El Gobierno está probando de su propia receta.

Se debe recuperar la institucionalidad. Los partidos políticos deben retornar, renovados, al centro de la política. “Los movimientos sociales degenerados”, son un peligro para la democracia.

El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política  de la Universidad Mayor de San Simón.