Al menos siete consorcios operaron en la justicia en los últimos seis años
El caso denominado “abogado torturador”, Jhasmani T., que se conoció días atrás, nuevamente pone en el tapete de la opinión pública la aplicación y manipulación de la justicia a través de los consorcios de jueces, fiscales, abogados y policías. Desde 2013, oportunidad en que salió a luz una red de corrupción y extorsión que se manejaba desde los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, a la fecha por lo menos se denunciaron sobre siete “megaconsorcios”.
De acuerdo con informes, estos denominados consorcios desarrollan acciones ilegales que de algún modo están “blindadas” para favorecer a determinadas personas, toda vez que participan de las irregularidades una serie de funcionarios judiciales, policiales y abogados que interactúan en los diferentes niveles de un circuito en el que se negocian sentencias, procesos y otras resoluciones.
En noviembre de 2012, se conoció que el empresario estadounidense Jacob Ostreicher era víctima de extorsión de funcionarios de los ministerios de Gobierno y Presidencia. Los principales involucrados en este caso eran los asesores legales Fernando Rivera Tardío, Denis Rodas Limachi, Boris Villegas.
Esta red se quedó con los bienes de Ostreicher, además de pedirle 50 mil dólares para dejarlo en libertad. Presumiblemente también estaban relacionados con los casos terrorismo I y II, Gastos Reservados I y II, según denunciaron las mismas víctimas. El abogado de uno de los acusados, Gary Prado, dijo que se le pidió 20 mil dólares para que se favorezca a su cliente.
El grupo estaba formado por funcionarios y exfuncionarios ligados a Dircabi, Ministerio de Gobierno, Ministerio de la Presidencia, además de personas particulares.
Otro consorcio que usó sus influencias para beneficiarse fue el denominado Fernando Ganam - Milton Mendoza, que operó desde 2005 hasta 2015. La información señala que 11 fiscales y una docena de jueces, policías y dos bufetes de abogados se encargaban de negociar sentencias y arreglar casos en La Paz. Todo salió a luz pública por un caso de corrupción en la cooperativa Cotel, que estaba en manos del consorcio. Ganam era vocal del Tribunal de Justicia y se encargaba de digitar los casos.
Otro de los consorcios desactivados operó en Potosí y Chuquisaca entre 2010 y 2015. Se trata de un consorcio operado por un vocal, cuatro policías y varios bufetes de abogados, que decidió fuera de la ley varios casos de relevancia en ambas capitales.
En abril de 2018, saltó a la luz pública el caso del consorcio de la jueza Cinthya Delgadillo, en La Paz. La autoridad judicial, que llevaba casos de relevancia, como taladros de YPFB, Banco Unión, entre otros, fue aprehendida luego de que se encontraran, en la oficina de un abogado particular, docenas de expedientes de casos de la mencionada jueza. Cuatro abogados, dos secretarias de la jueza, dos ayudantes, dos policías y la misma operadora de justicia fueron acusados de consorcio ilegal por digitar casos.
CONSORCIOS
Noviembre 2012 - Caso Ostreicher
El consorcio liderado por funcionarios del Ministerio de Gobierno y de la Presidencia fue enviado a la cárcel.
Julio 2014 - Potosí-Sucre
Un consorcio de jueces y policías en Sucre y Potosí fue desactivado tras la denuncia de un albañil por extorsión.
Marzo 2015 - Caso Ganam
El vocal Fernando Ganam fue encarcelado por negociar el fallo con el abogado Miltón Mendoza en el caso Cotel.
Junio 2015 - Caso Belaunde
Vocales de la Sala Penal 1ª del TDJ de La Paz son investigados por consorcio en la fuga del peruano Belaunde.
Octubre 2016 - Oruro-Cochabamba
Dos jueces y dos vocales de Oruro y Cochabamba son investigados por consorcio.
Mayo 2018 - Delgadillo
Cinthya Delgadillo, jueza Anticorrupción de La Paz, fue aprehendida por consorcio de jueces y abogados.
Octubre 2018 - Caso Jhasmani
El abogado Jhasmani T. fue detenido, acusado de liderar un consorcio en Cochabamba.
