Calculan que el caso de corrupción en la ABT movió más de $us 6 millones

La Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) inicio dos procesos penales en contra del exresponsable de las  Unidades Operativas de Bosque y Tierra (UOBT) de San Ignacio de Velasco, René Noel Sivila Céspedes, sindicado como el autor principal de “hechos de corrupción paradigmáticos” registrados entre las gestiones 2015-2018 que según las estimaciones de la institución generaron en toda la cadena productiva, un movimiento económico de más de 6 millones de dólares.

Entre los ilícitos detectados están la firma de resoluciones administrativas para aprobar planes de desmontes menores a 20 mil hectáreas, sin previa verificación y en tierras fiscales, los mismos con volúmenes inflados para blanquear madera; casos que están relacionados con otro hecho de corrupción en el que se detectó la participación de agentes auxiliares, como Ronald Valverde y ex autoridades ejecutivas de la ABT.

Al respecto, el director Ejecutivo de la ABT, Clíver Rocha, informó según un comunidad de prensa, que “Sivila hizo uso y abuso de su cargo”, puesto que aprobó planes de desmonte en tierras fiscales, estafando de esta manera a seis comunidades menonitas como: Riva Palacios El Dorado II, Tajibo Santa Rita, la Conquista, la Roca, Valle Verde y Cañada la Roca.

En este caso llegó a firmar 2096 resoluciones que permitieron los desmontes de más de 22 mil hectáreas en tierras fiscales. Esta acción de Sivila fue realizada en complicidad de agentes auxiliares ya identificados, los cuales en ocasiones actuaban como extorsionadores o enviados para realizar los cobros, puesto que existen denuncias de afectados que indicaron que los intermediaros de Sivila, cobraban mínimo 300 dólares por resolución o planes de desmontes aprobados.

Rocha indicó que se le inició el proceso judicial a Sivila, debido indicios e irregularidades alarmantes que el equipo técnico y jurídico de la nueva gestión de la ABT detectó al recibir denuncias y revisar documentación pasada, los mismos que fueron evidenciados antes y posteriormente al allanamiento realizado a la Consultora Forestal Mainter Forest, de propiedad del Agente Auxiliar, Ronald Valverde, oficina en la que se encontró documentación que hace ver que las autorizaciones concedidas fueron mal utilizadas para respaldar madera de origen no autorizado, habiendo llenado CFOs con volúmenes inflados de madera para ser comercializadas ilegalmente.

A su vez, la autoridad expuso que existían denuncias presentadas en la gestión 2018 en contra de Sivila, por parte de los afectados y pobladores de San Ignacio de Velasco, que en muchas ocasiones las hicieron llegar a la ABT y en otras, las manifestaron por redes sociales, incluso al punto de escribir mensajes en los muros externos de la UOBT de San Ignacio, las mismas que en su momento fueron ignoradas por las autoridades de turno, por lo que se presume que existió una red de protección interna que hizo caso omiso o minimizó las denuncias. A pesar de las denuncias públicas en su contra, Sivila se mantuvo en el cargo, no se le inició el proceso judicial correspondiente, sino, simplemente un proceso interno que dio como resultado, el descuento de sólo el 20% de un salario.

Por su parte, la directora General de Asuntos Jurídicos de la ABT, Rossío Alcón, indicó que Sivila también está involucrado en otro caso de corrupción, tal es, la aprobación de un Plan de Desmonte en la Comunidad San José de la Embocada, en el que se evidencia que no hubo inspección para verificar los datos presentados por los solicitantes, además que dichos datos están con volúmenes inflados, lo que se presume servirían para blanquear madera.

En este contexto, el Capitán Saúl Salazar, Jefe de la Unidad Anticorrupción de la Felcc, informó que Sivila está siendo procesado por los delitos de: Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, beneficios en razón de cargo, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y deterioro-destrucción de bienes y riquezas del Estado.

AsImismo, anunció que según registros migratorios, Noel Sivila ha salido del país en mayo de este año por la frontera de Yacuiba, por lo que el Fiscal Anticorrupción, Iván Ortiz, emitió un mandamiento de aprehensión contra Sivila y lo declaró prófugo de la justicia.