Del crecimiento extractivista al desarrollo sostenible

El patrón de crecimiento extractivista que, históricamente, ha privilegiado la explotación de recursos naturales usando procesos intensivos en capital, generó un conjunto de relaciones que han configurado la realidad de persistente pobreza estructural con desigualdad. Estas relaciones “institucionalizadas” constituyen, en la actualidad boliviana, serios impedimentos al desarrollo humano, productivo e inclusivo.

El crecimiento extractivista es fuertemente dependiente de la producción y de la exportación de materias primas, y de las inversiones (extranjeras) necesarias para ello. En esta concepción, el crecimiento de la economía depende –de forma no precisada exactamente– del acceso a recursos financieros (K) para exploración y explotación, de los precios (P), y de las cantidades (Q) de productos que podemos exportar. En este negocio, las políticas nacionales no tienen, en realidad, control sobre los factores que determinan el crecimiento del PIB que, se supone, sigue una relación funcional a ,P, K y Q.

Las estrategias enmarcadas en estos modelos “extractivistas” de crecimiento, han fracasado en reducir la pobreza y la desigualdad porque las tasas de crecimiento son bajas e insuficientes, y tienen un ritmo demasiado volátil para planificar y realizar acciones orientadas por metas a mediano y largo plazo. La volatilidad del crecimiento y la ausencia de objetivos estratégicos, afecta reduciendo el aporte de otras actividades generadoras de valor agregado, con la consiguiente precarización del empleo.

En estas condiciones, el Estado adopta mecanismos públicos de re-distribución (o los busca, como medio de poder) a través de bienes y servicios públicos, o de transferencias directas (bonos), mecanismo privilegiado desde los años 90. La realidad, sin embargo, es que estos mecanismos han resultado ser insuficientes para anular los efectos negativos (sobre el ingreso y el consumo de los hogares) de la falta de oportunidades económicas para acceder a empleos dignamente remunerados.

La precariedad del empleo se acentúa por la desatención a los factores que determinan la capacidad de crear puestos de empleo digno: mercados, productividad, competitividad y una sólida cultura productiva con equidad. Podemos, en consecuencia, concluir que en tanto no se modifique, estructural y sistemáticamente, el telón de fondo que determina insuficientes tasas y ritmos del crecimiento (condicionados por la estructura de generación, apropiación y de redistribución del excedente y que, a su vez, induce a la precariedad del empleo), las políticas sectoriales no tendrán impacto real en el desarrollo y en el fortalecimiento de la capacidad emprendedora necesaria para revertir la pobreza y la exclusión social.

Desde esta perspectiva, la agresiva creación de empleo productivo es la alternativa para salir de la encrucijada de pobreza con bajo desarrollo. El aumento continuo del empleo productivo y digno conduce necesariamente al crecimiento sostenido (y socialmente sostenible) del ingreso de los hogares y de la economía en su conjunto: vale decir, toda política –pública o privada– que resulte en el aumento sostenible de actividades económicas con mayor nivel y calidad de empleo productivo y de los salarios, contribuirá necesariamente al crecimiento de la economía y a la equidad social, promoviendo además condiciones que otorgan sostenibilidad y viabilidad social al proceso.

Esta concepción del desarrollo humano productivo, permite aplicar la definición del Producto Interno Bruto: el PIB es “simple y exactamente” igual al producto de la cantidad de Personas Ocupadas, PO, por la Productividad media del trabajo, PL: PIB = PL * PO

O sea, el crecimiento depende de la cantidad de personas “empleadas productivamente”.

A partir del concepto del esfuerzo y del emprendimiento humanos como la base para crear la riqueza social, es posible reconfigurar el esquema de relaciones que caracterizan el patrón de crecimiento basado en los recursos naturales, para dar lugar a otro cuyos cimientos son el desarrollo productivo centrado en el empleo y el salario dignos.

Es decir, es necesario superar la pugna por la apropiación y el control de excedente como el objetivo central del Estado, buscando más bien una gestión integral del desarrollo en la que Estado asegure el funcionamiento armónico de todas las formas posibles de organización económica y de relacionamiento entre Estado, Empleados y Empleadores (E3), garantizando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en condiciones que privilegien la equitativa distribución del ingreso nacional.

En la medida en que el Estado, primero, asegure la justa distribución del ingreso –con el salario vinculado a la productividad como el mecanismo primario de distribución–, y, segundo, la creatividad y el trabajo humano sean considerados la fuente del ingreso y del crecimiento equitativo, se habrán establecido las condiciones mínimas necesarias para mejorar el bienestar de la gente y avanzar hacia el bienestar compartido.

Pero, crear oportunidades de Empleo Digno, significa promover, desarrollar y fortalecer las capacidades emprendedoras, estableciendo condiciones necesarias para: asegurar acceso a mercados; mejorar continuamente la productividad de las unidades económicas; desarrollar la competitividad y la institucionalidad que permitan mejorar la productividad; y, desarrollar la cultura que promueva emprendimientos productivos, “económicamente competitivos, socialmente equitativos y ambientalmente comprometidos”.

Además del empleo digno y productivo, las autonomías tienen un papel esencial como el medio para articular y concertar acciones y políticas, y para establecer las estructuras político-administrativas adecuadas.

El desarrollo es, en esencia, un fenómeno local. Configurar las condiciones para crear empleo digno depende, en gran medida, de la articulación y coherencia para aplicar las políticas de desarrollo –productivo y humano− en todas las entidades territoriales autónomas. En este sentido, el empleo digno, por su parte, asegura la viabilidad social y la sostenibilidad económica-financiera de las autonomías al generar la dinámica económica capaz de proveer de los ingresos monetarios y financieros que necesita un proceso estable de crecimiento económico orientado al bienestar de la gente.

El autor es coordinador del proyecto del cual toma su nombre esta columna