El INRA retira a 70 avasalladores de La Angostura tras dos años de tomas
En un operativo realizado “contra viento y marea”, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), acompañado de un fuerte contingente policial, la Brigada Parlamentaria, la Fiscalía y la Gobernación, desalojó ayer a 70 avasalladores de la Hacienda Angostura. Se detuvo a siete personas.
El desalojo se concentró en uno de los sectores avasallados de la hacienda y restan otros. Todo el predio es de 584 hectáreas, 58 son de la familia Canelas.
El director departamental del INRA, Armando Mita, explicó que la institución notificó, en abril y mayo, a los avasalladores y se les pidió no construir, debido a que se está en saneamiento. Sin embargo, el sector desobedeció y edificó en terrenos agrícolas.
El derecho propietario de las 58 hectáreas está a nombre de la familia Canelas de acuerdo a la Resolución Suprema 16129 de 2015.
“Ante el incumplimiento de las medidas precautorias, nosotros como institución hemos procedido al retiro de la gente con ayuda de la Policía”, dijo.
Indicó que los avasalladores tenían conocimiento, fueron advertidos y notificados y al ignorar las órdenes se procedió con el operativo de desalojo en cumplimiento a la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria 1715, modificado por la Ley 3545, y su reglamento aprobado mediante el decreto 29215. Sin embargo, resaltó que ahora es deber de los propietarios resguardar el sector.
A las 9:45 unos 20 vehículos de la Policía llegaron con más de 490 uniformados a los predios de la hacienda y junto al INRA se colocaron las notificaciones de desalojo.
Luego los objetos que estaban afuera, como ladrillos, turriles, baldes, listones, tablas, payasas, catres, flores y otros, fueron retirados en camiones hasta un depósito, previo registro del personal de INRA.
Hubo siete aprehendidos que fueron enviados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Tarata.
Varias mujeres que se resistían al desalojo contaron que sus padres compraron los terrenos a Marcelo Canelas hace 13 años con depósitos de 2 mil dólares. Sin embargo, el INRA les pidió acudir a la instancia que corresponda a reclamar la entrega de sus lotes.
El subcomandante departamental de la Policía, Javier Quiroga, indicó que si había resistencia, se procedería a la detención.
Mita aclaró que las edificaciones son ilegales, pero que el INRA tiene la competencia para desalojar, no para demoler. Dijo que esa es tarea de la Alcaldía de Arbieto como establece la Ley 482.
Las casas fueron edificadas a lo largo del año, hay un camino y gran parte de las construcciones están en obra gruesa, en la mayoría hay sólo una habitación de cuatro por cuatro. Algunos se instalaron en los últimos meses, pero vivían de manera precaria, sin luz, sin agua y otros sin puertas. Los llamados “totoreños” retiraron sus pertenencias antes de la llegada del camión de desalojo. Algunos en carretilla, otros en sus hombros y en camionetas.
La Hacienda Canelas fue avasallada. Los propietarios explicaron que los “totoreños” aprovecharon la cuarentena rígida para ingresar al lugar. Por varios meses se instalaron con carpas y este año se consolidaron las edificaciones. Este conflicto provocó que el ganado sufra de hambre y que más de una veintena muera.
La granja con una tradición de producción lechera de más de 100 años es asediada por más loteadores y desde hace dos años pedía una intervención.
