MAS justifica la labor del cuestionado juez Amaru: "No tiene sentencia"
La labor del cuestionado juez Marco Antonio Amaru, quien se declaró competente para enjuiciar por la vía ordinaria a la expresidenta Jeanine Áñez, es justificada por asambleístas del oficialista MAS, debido a que —dicen— si bien la autoridad judicial tiene denuncias en su contra, aún no cuenta con una sentencia ejecutoriada en su contra.
Ese criterio fue expresado por el diputado Juan José Jáuregui y el senador William Torrez, ambos del MAS, de forma separada, al ser consultados sobre su posición respecto al juez Amaru, a quien se le abrió dos procesos por prevaricato.
"Si es que no hubo una sentencia ejecutoria en contra de este administrador de justicia, éste aún goza del criterio de que es inocente", declaró Jáuregui.
El diputado del MAS sostuvo que en la legislación boliviana hay una prerrogativa constitucional que establece que, ante la existencia de una o varias denuncias en contra de una persona, en la medida que estos hechos investigativos no concluyan y no determinen su culpabilidad, esa persona no deja de ser inocente.
La Constitución Política del Estado establece un principio denominado de presunción de la inocencia y eso significa que cualquier ciudadano, mientras no tenga una sentencia ejecutoriada, se presume su inocencia. Entiendo que el caso del juez Amaru no ha tenido sentencia ejecutoriada y, en función a ello, ha sido incorporado (a su trabajo)", dijo a Unitel el senador Torrez.
El juez Amaru fue aprehendido en dos oportunidades. Primero por haber beneficiado con detención domiciliaria a Eliot M., acusado de cometer el delito de feminicidio, y, luego, también por dar detención domiciliaria a Jaime V., condenado a 30 años de cárcel por un crimen.
La semana pasada, Amaru, juez primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, se declaró competente para juzgar a la expresidenta Jeanine Áñez por el caso Senkata, por la muerte de personas en los conflictos poselectorales de 2019. Su decisión fue cuestionada porque los expresidentes son juzgados a través de un tribunal especial, en un juicio de responsabilidades aprobado por la Asamblea Legislativa.
