Migración y autocrítica

En los últimos años, la política migratoria global ha adoptado enfoques más restrictivos debido a tensiones geopolíticas, crisis económicas y el incremento de movimientos migratorios. Países que tradicionalmente han sido destinos para inmigrantes han implementado medidas más severas para controlar su flujo.

Tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha intensificado las deportaciones y reafirmado su compromiso con la construcción del muro fronterizo con México. Hasta el 29 de enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) reportó la detención de 5.537 inmigrantes indocumentados. Claudia Sheinbaum, actual mandataria de México, confirmó la recepción de 4.094 deportados, mientras que Colombia, Brasil, Ecuador y Honduras también informaron sobre la deportación de cientos de personas. En el caso boliviano, el cónsul en Washington, Celso Herbas, informó que cerca de 200 connacionales corren el riesgo de ser deportados.

En respuesta, varios países latinoamericanos han ajustado sus estrategias migratorias. Colombia, inicialmente reacia a recibir deportados en aviones militares, mandó sus aviones para transportarlos tras las amenazas comerciales de EEUU de imponer un arancel del 25% a productos colombianos. Sheinbaum se comprometió a desplegar 10.000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera con EEUU, lo que llevó a Trump a suspender temporalmente los aranceles de importación previstos.

Esto resalta cómo las políticas migratorias del mandatario estadounidense son utilizadas como una herramienta de presión económica y política hacia otros gobiernos. El gobierno de Lula Da Silva tildó de inaceptable el trato degradante hacia los deportados, mientras que El Salvador adoptó una postura más colaborativa, ofreciendo recibir migrantes expulsados de cualquier nacionalidad y criminales violentos bajo el esquema de “tercer país seguro”. El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, elogió ese acuerdo como “el más extraordinario en cualquier parte del mundo”.

Estas políticas han generado debates sobre su impacto en la estabilidad política y económica de la región. Algunos las defienden como medidas para reforzar la soberanía y seguridad nacional, argumentando que no son exclusivas de la administración Trump. En 2024, bajo el mandato de Joe Biden, se registró un récord de deportaciones, con más de 271.000 migrantes retornados a sus países de origen, en contraste, otros advierten sobre crisis humanitarias y tensiones diplomáticas innecesarias, destacando que muchos inmigrantes indocumentados representan una parte significativa de la fuerza laboral en diversas industrias estadounidenses. Por ello, su deportación masiva podría generar efectos negativos incluso dentro de la propia economía de EEUU.

Sin embargo, en lugar de criticar únicamente las políticas migratorias de EEUU, ¿los líderes latinoamericanos no deberían enfocarse en mejorar las condiciones socioeconómicas en sus países para reducir la necesidad de emigrar?