<p class="rtejustify"> Una de las reformas urgentes que deberá encarar la próxima gestión de gobierno es la transformación del actual sistema de fiscalización y control social. Este conjunto de instituciones responsables de regular y supervisar actividades donde intervienen agentes privados como la banca, telecomunicaciones, transporte, seguros, juegos, saneamiento básico, electricidad, cooperativas, pensiones y empresas, requiere redefinir su rol, estructura y orientación para adecuarse a los desafíos de una economía en transición.</p> <p class="rtejustify"> Originalmente concebidas como Superintendencias, estas entidades eran parte esencial de las reformas del Estado posteriores a la capitalización y la privatización. Su objetivo era equilibrar los derechos y obligaciones entre operadores, usuarios y el Estado, asegurando la eficiencia, promoviendo la inversión privada y la sana competencia, y evitando los monopolios. Para ello, se crearon contratos regulatorios para cada sector y leyes específicas, bajo un modelo de autonomía técnica y administrativa, pero sobre todo de independencia política, ya que sus máximas autoridades debían ser designada a partir de una terna propuesta por el Legislativo.</p> <p class="rtejustify"> Durante su breve existencia, estas entidades lograron avances importantes en cobertura de servicios básicos, implementación de estándares de calidad y eficiencia, reducción de algunas tarifas, y transparencia, aunque también enfrentaron dificultades estructurales como una cobertura desigual en zonas rurales, nombramientos prolongados de autoridades interinas, conflictos jurisdiccionales y falta de continuidad en sus políticas institucionales.</p> <p class="rtejustify"> Desde 2006, con el cambio de gobierno y la imposición de un modelo ultra estatista, el sistema de regulación cambió su esencia y su denominación e incluyó objetivos como el acceso universal, la introducción de subsidios cruzados y un sistema de planificación pública centralizada que les permitía generar normas, imponer arbitrariamente tarifas y supeditar la libre competencia, la sostenibilidad de los servicios y la eficiencia financiera a los objetivos e intereses políticos.</p> <p class="rtejustify"> La mayor distorsión del sistema fue la decisión de colocar a las máximas autoridades institucionales bajo tuición directa de los Ministros, lo que eliminó el requisito de imparcialidad, ya que estas autoridades actúan como juez y parte, generando incoherencias, alta corrupción, politización del personal y pérdida de calidad de gestión.</p> <p class="rtejustify"> El modelo de las Autoridades de Fiscalización ha contribuido de manera importante a la crisis de sostenibilidad de los servicios y a la precarización extrema del sector privado. Bajo esta estructura, las empresas estatales fueron progresivamente privilegiadas frente a los operadores privados, que enfrentaron sobrerregulación, discrecionalidad y condiciones inequitativas. En consecuencia, se redujeron los incentivos para invertir, se frenó la innovación, se encarecieron los servicios y se acentuó la informalidad en varios sectores clave.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, el abuso, ineficiencia y poca transparencia de las Autoridades de Fiscalización impactaron negativamente en la transparencia e imparcialidad que necesita la regulación para lograr un equilibrio justo entre los intereses del Estado, los usuarios y los operadores. Es evidente pues, que la transición hacia las Autoridades de Fiscalización supuso un retroceso en independencia y eficacia técnica y que, ante los problemas de inseguridad jurídica, déficit en servicios y escasa inversión.</p> <p class="rtejustify"> Bolivia necesita repensar sus esquemas regulatorios y diseñar un sistema que incluya independencia política y económica, proporcionalidad normativa, calidad de gestión, rendición de cuentas, condiciones justas y transparentes y una visión estratégica del desarrollo. Solo con estas condiciones será posible reconstruir marcos regulatorios predecibles, promover el diálogo con los actores económicos, estimular mercados eficientes, atraer inversión y garantizar estándares de calidad técnica, ambiental y social razonables.</p> <p class="rtejustify"> Partiendo del principio de que la regulación no es enemiga del mercado, sino una condición para su eficiencia e inclusividad, el desafío no es eliminarla, sino recuperarla. Se necesita generar un nuevo equilibrio entre expansión productiva y reducción de la pobreza, entre eficiencia empresarial y acceso universal, entre regulación técnica y legitimidad social.</p> <p class="rtejustify"> Para ello es preciso el restablecimiento de la autonomía e independencia institucional, designación de autoridades por meritocracia, ajustes normativos, promoción de la transparencia y participación de todos los actores económicos.</p> <p class="rtejustify"> La regulación es una herramienta técnica, no una trinchera ideológica. Su reforma será una de las claves para reconstruir el aparato productivo, restablecer la confianza y garantizar servicios sostenibles y de calidad para toda la población.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong><em>El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia</em></strong></p>

<p class="rtejustify"> Una de las reformas urgentes que deberá encarar la próxima gestión de gobierno es la transformación del actual sistema de fiscalización y control social. Este conjunto de instituciones responsables de regular y supervisar actividades donde intervienen agentes privados como la banca, telecomunicaciones, transporte, seguros, juegos, saneamiento básico, electricidad, cooperativas, pensiones y empresas, requiere redefinir su rol, estructura y orientación para adecuarse a los desafíos de una economía en transición.</p> <p class="rtejustify"> Originalmente concebidas como Superintendencias, estas entidades eran parte esencial de las reformas del Estado posteriores a la capitalización y la privatización. Su objetivo era equilibrar los derechos y obligaciones entre operadores, usuarios y el Estado, asegurando la eficiencia, promoviendo la inversión privada y la sana competencia, y evitando los monopolios. Para ello, se crearon contratos regulatorios para cada sector y leyes específicas, bajo un modelo de autonomía técnica y administrativa, pero sobre todo de independencia política, ya que sus máximas autoridades debían ser designada a partir de una terna propuesta por el Legislativo.</p> <p class="rtejustify"> Durante su breve existencia, estas entidades lograron avances importantes en cobertura de servicios básicos, implementación de estándares de calidad y eficiencia, reducción de algunas tarifas, y transparencia, aunque también enfrentaron dificultades estructurales como una cobertura desigual en zonas rurales, nombramientos prolongados de autoridades interinas, conflictos jurisdiccionales y falta de continuidad en sus políticas institucionales.</p> <p class="rtejustify"> Desde 2006, con el cambio de gobierno y la imposición de un modelo ultra estatista, el sistema de regulación cambió su esencia y su denominación e incluyó objetivos como el acceso universal, la introducción de subsidios cruzados y un sistema de planificación pública centralizada que les permitía generar normas, imponer arbitrariamente tarifas y supeditar la libre competencia, la sostenibilidad de los servicios y la eficiencia financiera a los objetivos e intereses políticos.</p> <p class="rtejustify"> La mayor distorsión del sistema fue la decisión de colocar a las máximas autoridades institucionales bajo tuición directa de los Ministros, lo que eliminó el requisito de imparcialidad, ya que estas autoridades actúan como juez y parte, generando incoherencias, alta corrupción, politización del personal y pérdida de calidad de gestión.</p> <p class="rtejustify"> El modelo de las Autoridades de Fiscalización ha contribuido de manera importante a la crisis de sostenibilidad de los servicios y a la precarización extrema del sector privado. Bajo esta estructura, las empresas estatales fueron progresivamente privilegiadas frente a los operadores privados, que enfrentaron sobrerregulación, discrecionalidad y condiciones inequitativas. En consecuencia, se redujeron los incentivos para invertir, se frenó la innovación, se encarecieron los servicios y se acentuó la informalidad en varios sectores clave.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, el abuso, ineficiencia y poca transparencia de las Autoridades de Fiscalización impactaron negativamente en la transparencia e imparcialidad que necesita la regulación para lograr un equilibrio justo entre los intereses del Estado, los usuarios y los operadores. Es evidente pues, que la transición hacia las Autoridades de Fiscalización supuso un retroceso en independencia y eficacia técnica y que, ante los problemas de inseguridad jurídica, déficit en servicios y escasa inversión.</p> <p class="rtejustify"> Bolivia necesita repensar sus esquemas regulatorios y diseñar un sistema que incluya independencia política y económica, proporcionalidad normativa, calidad de gestión, rendición de cuentas, condiciones justas y transparentes y una visión estratégica del desarrollo. Solo con estas condiciones será posible reconstruir marcos regulatorios predecibles, promover el diálogo con los actores económicos, estimular mercados eficientes, atraer inversión y garantizar estándares de calidad técnica, ambiental y social razonables.</p> <p class="rtejustify"> Partiendo del principio de que la regulación no es enemiga del mercado, sino una condición para su eficiencia e inclusividad, el desafío no es eliminarla, sino recuperarla. Se necesita generar un nuevo equilibrio entre expansión productiva y reducción de la pobreza, entre eficiencia empresarial y acceso universal, entre regulación técnica y legitimidad social.</p> <p class="rtejustify"> Para ello es preciso el restablecimiento de la autonomía e independencia institucional, designación de autoridades por meritocracia, ajustes normativos, promoción de la transparencia y participación de todos los actores económicos.</p> <p class="rtejustify"> La regulación es una herramienta técnica, no una trinchera ideológica. Su reforma será una de las claves para reconstruir el aparato productivo, restablecer la confianza y garantizar servicios sostenibles y de calidad para toda la población.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify"> <strong><em>El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia</em></strong></p>