Bolivia y el matrimonio gay en tiempos del doctor Chi

Carmen (nombre ficticio) está segura de que fue parte del primer matrimonio homosexual en Bolivia, aunque no le interesa disputar primicias. Cuenta que conoció en Brasil a su pareja y paisana a principios de 1989. Ambas debían retornar al país dos años más tarde y querían llegar y vivir como familia. Entonces se propusieron buscar la mejor manera de ser aceptadas socialmente.

“Hicimos una serie de planes -cuenta esta mujer de 53 años-. Lo primero era que se acostumbren a la idea de vernos juntas, que lleguen a comprenderlo como algo natural. Luego, buscaríamos de que esa normalidad, al ser aceptada, disipe tabúes y prejuicios. Y esperaríamos a que nos pregunten para responder que sí, que éramos pareja. Es más, la idea era contarles que nos habíamos unido en un matrimonio muy nuestro y mostrarles hasta las fotografías y recuerdos. Paralelamente, veríamos cómo hacer activismo, pues en Brasil ya habíamos visto y apoyado a mujeres como Marta Suplicy. Incluso teníamos nuestras banderas del arcoíris”.

Según el relato, para la ceremonia matrimonial simbólica sumaron algunos elementos de varias religiones, ideas reivindicativas y “algunas frases un tanto locas”. Pidieron a un amigo brasileño que guíe cada parte de los pasos que habían acordado e invitaron a tres conocidos más que actuaron como una especie de testigos. “Un local bonito, con jardines, música clásica, luego baile. Todo parecía iniciarse muy bien”.

“La sociedad paceña, la idiosincrasia es muy particular -recuerda Carmen-. Pasaron creo que meses hasta que alguien se animó a preguntarnos de frente qué tipo de pareja éramos. Empezaron a haber silencios y distanciamientos con viejas amistades. Claro que todos, o casi todos, decían comprendernos o respetarnos, pero la ola de chismes y demás se notaba a leguas, y nos hería. Una amiga de toda la vida un día me dijo que no quería verme ni en pintura”.

La hoy exactivista añade que la relación con las familias cargaba un constante tipo de hielo y tedio. Cita que, en más de una oportunidad, al primer problema de intereses o afectos, les refregaron en la cara su condición sexual y cortaron toda relación con ellas. “Entre nuestros propios problemas y la presión externa, que incluía al barrio, nuestra relación colapsó. Vivo sola desde hace 10 años, y si bien tengo un nuevo círculo de amistades y llegaron otros tiempos, apenas supero una constante depresión”.

LA BATALLA LEGAL

Los nuevos tiempos llegaron entre fines de los años 90 y principios del nuevo siglo. Diversas iniciativas contra todo tipo de discriminación impulsaron especialmente al movimiento de gays lesbianas, transexuales y bisexuales a luchar por sus reivindicaciones. Se organizaron grupos de activistas que empezaron a manifestarse públicamente, como Mujeres Creando o la Familia Galán. Según el Observatorio LGBTI+, surgieron 22 organizaciones que ganaron en varios casos importantes apoyos externos, y están abocadas directamente a trabajar por los derechos LGBTI+. Como colofón fueron creadas instituciones estatales, especialmente la Defensoría del Pueblo.

“Entre los años 2003 y 2012, gracias a la presencia de activistas y la influencia de Organizaciones No Gubernamentales en los gobiernos de Carlos Mesa y el Movimiento Al Socialismo la ola creció mucho -dice Carmen-. La irrupción del proceso de cambio portaba la idea de generalizadas reivindicaciones sociales y allí estaban los derechos sexuales. Pero justo antes de las anteriores elecciones generales de 2014 se desató una fuerte reacción conservadora y otros problemas añadidos. Queda claro que en Bolivia, y también en otras partes, hay dos fuerzas que debilitan la idea del matrimonio gay: el conservadurismo homófobo patriarcal y la propia crisis mundial del matrimonio”.

Ambas fuerzas se hicieron presentes en los años del avance reivindicativo. En 2012, habían llegado propuestas de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) como “la Unión de convivencia entre parejas del mismo sexo”. Cuatro años más tarde se concretó la Ley de Identidad de Género. Y en cada caso la reacción de diversas organizaciones desató duras presiones tanto en los lobbies políticos como en las calles. Mientras las iglesias católica y evangélica organizaron movilizaciones “en defensa de la familia”, en la propia ALP los parlamentarios se dividieron de acuerdo a sus credos. Valga destacar que incluso diputados de origen aymara, bajo argumentaciones culturalistas, rechazaron toda propuesta que derive en el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Desde ambos frentes se organizaron comisiones jurídicas para interpretar la Constitución Política del Estado (CPE). Ésta se contradice entre los articulados que prohíben todo tipo de discriminación (artículo 14) y los que ponen límites de género al matrimonio (artículo 63). Se desataron sesudos debates leguleyos. La cabeza del catolicismo en Bolivia tomó la palabra.

“Frente a quienes quieren imponer la gracia de vivir, la gracia del matrimonio, con cosas totalmente ajenas a nuestras culturas, nosotros tenemos que seguir hablando del proyecto de Dios para que no haya engaños, para que no haya caminos falsos que puedan llevarnos a la destrucción natural -dijo el cardenal Julio Terrazas en agosto de 2012-. Defender la vida y la vida en abundancia nos hará decir las cosas con claridad no para herir, no para dividir, sino para convocar a una reflexión de toda la sociedad antes de proceder a dar solamente cosas convertidas en leyes para satisfacer algunos deseos y algunos caprichos”.

OTRO FACTOR

Paradójicamente, la demanda del matrimonio gay también ha sido cuestionada y criticada desde sectores que abogan por los derechos LGBTI+. Fueron precisamente quienes recordaron la crisis de la institución familiar. “Hay un grupo de oenegés que usurpan la representación del conjunto de la mariconada boliviana -ha declarado la activista María Galindo, de la organización Mujeres Creando-. Usufructúan esa representación coqueteando con los partidos políticos y dicen que lo que queremos es matrimonio. Les he pedido que no hablen en mi nombre, yo soy lesbiana pública y pienso que hay que luchar por la abolición del matrimonio, que es una institución de opresión”.

“El movimiento LGBTI+ tiene múltiples enfoques y quienes están pidiendo eso de la ley de familia son los del movimiento hegemónico asimilacionista -dice la filósofa y activista Rosario Aquim-. Buscan asimilarse a los derechos y lo que significa la heterocentralidad. Han decidido dar retro a la transgresión porque el movimiento LGBTI+ es una transgresión a la norma heterocentrada. La humanidad sólo fue heterosexual desde la época victoriana cuando el capitalismo necesita guaguas como fuerza de trabajo para el capital emergente”.

Aquim añade que la norma heterosexual dio nacimiento a sus respectivas instituciones, entre ellas, la familia monogámica, el contrato sexual, la heterosexualidad obligada y el matrimonio. “Son todas las instituciones que conocemos como patriarcado que surgen para cerrar el cuerpo puro de la burguesía emergente. Para eso se necesitaba el matrimonio, pero las sexualidades transgresoras no tienen nada que ver con eso. No deberían demandar matrimonio”, dice.

Sin embargo, quienes demandan el matrimonio homosexual han argumentado su lucha en base a la desigualdad en la que quedan frente a diversas leyes que benefician a las parejas heterosexuales. Reconocidos como hogares y familias superarían obstáculos económicos y sociales que actualmente les resultan infranqueables. En ese escenario, una forma de protesta y presión a la vez ha sido la constitución de matrimonios simbólicos.

“Ya suman unas 15 a 20 parejas que se han casado simbólicamente -dice el artista y comunicador Andrés Mallo-. Son parejas que tienen una estructura con trabajos y economías consolidadas, y adoptan esta forma de vida como parte de sus demandas de reivindicación. Se está visibilizando así a las familias diversas pese a los grupos contrarios que encubren sus mensajes de violencia a veces con la palabra de Dios. Pero la gente ya se está dando cuenta y no se la puede manipular fácilmente”.

Mallo fue noticia el 16 de mayo de este año cuando celebró un matrimonio simbólico homosexual con su pareja el argentino Pablo Merino. A la veintena de parejas que se cuenta en este movimiento se suma el que podría considerarse el primer matrimonio legal gay realizado dentro del territorio boliviano. El 17 de mayo, en la embajada británica, bajo la normativa de ese país se matrimoniaron un ciudadano boliviano y un súbdito inglés.

TIEMPOS DIFÍCILES

Pero, pese a las presiones y protestas simbólicas de los activistas, la demanda fue ahogada o ignorada en la agenda política boliviana durante los últimos 18 meses de campaña preelectoral. Peor aún, en diversos actos políticos, se deslizaron sonadas expresiones homofóbicas. De hecho, en el cabildo paceño del 10 de octubre, la propia María Galindo resultó la única disertante que fue abucheada e insultada. Igualmente, algunas autoridades o han sido atacadas con términos anti gay o los expresaron.

La situación cobra un marcado acento adicional: mientras las otras guardaron silencio sobre el tema tres de las candidaturas fueron encabezadas por políticos abiertamente opuestos al matrimonio homosexual: Bolivia Dice No, Unidad Cívica Solidaridad y el Partido Demócrata Cristiano. Y en este último caso, el candidato presidencial y cabeza de la hoy tercera fuerza política del país, Chi Hyun Chung, milita entre quienes consideran a la homosexualidad como una enfermedad. Lejos siquiera de mencionar el matrimonio gay, Chi ha planteado tratamientos psiquiátricos para evitar la proliferación de personas homosexuales.

Así Bolivia, por ahora se halla a considerable distancia de engrosar la lista de los 20 países donde el matrimonio gay es legal. Baste considerar que cuando este lunes 21 de octubre se le consultó al pastor protestante y doctor en medicina, Chi, las condiciones por las que apoyaría a Carlos Mesa, respondió: “Él sabe que la condición es que se baje la bandera del arcoíris”.