La pandemia y las tentaciones autoritarias

¿Hasta dónde los remedios podrían resultar peores que la, literalmente, enfermedad? ¿Hasta dónde el precautelar el derecho a la salud derivará en atentar contra otros derechos? ¿Hasta dónde la pérdida, por emergencia, de esos derechos causará, luego, más problemas de salud y peores crisis?

De principio, algunas organizaciones de médicos demandaron el retorno a medidas rígidas. El Comité Departamental de Salud (Codesa) y las sociedades científicas de La Paz, por ejemplo, pidieron el sábado 9 de enero que se retorne a la cuarentena rígida, la dotación de un bono de vida para todos los ciudadanos, reunirse con el presidente Luis Arce y la compra de vacunas que tengan certificación internacional y de manera inmediata. Además, pidieron la suspensión de las elecciones regionales previstas para el 7 de marzo, acto al que consideraron “un atentado contra la salud de los bolivianos”.

Los galenos no sólo se pronunciaron, sino que optaron por imponer incluso presión al mejor de los estilos de la conflictividad boliviana. Advirtieron que en caso de no ser escuchados declararían incapacidad para la atención en los servicios de salud y suspenderían los servicios a la población. En una agitada conferencia de prensa, los médicos informaron que los hospitales públicos, privados y de la seguridad social estaban colapsados por el aumento exponencial de casos.

• Agenda de nuevas medidas

Las autoridades rechazaron la presión y las demandas, pero anunciaron su propia agenda.

Por ejemplo, la previsión de confinar a los positivos y de nuevas medidas de acatamiento obligatorio. La alerta fue lanzada por el propio ministro de Salud, Édgar Pozo. “Hemos comprobado que tenemos una muy rápida escalada de casos de Covid-19 en el país –declaró la autoridad a los medios a principios de esta semana–. Obviamente estamos en una segunda ola y su característica, esta noche, era en un pico similar al mes de julio de 2020, o sea que estamos en un nivel alto de contaminación”.

Hasta entonces, el Gobierno no había hablado de una segunda ola de coronavirus y sólo aludía a un incremento inusual de contagios. Pero ya este viernes 8 de enero, Bolivia había registrado el mayor número de casos positivos de Covid-19 desde julio de 2020, y fueron diagnosticadas 2.263 personas. Las autoridades también han señalado como otro de los factores del incremento a la mayor realización de pruebas que en el anterior gobierno.

Y junto a esas consideraciones Pozo adelantó la previsión de las nuevas medidas legales para restringir actividades que deberán ser acatadas por los gobiernos subnacionales. La lista de disposiciones previstas suma la reducción de horas de actividad en grupo, incluida una baja de los horarios laborales y de las actividades culturales deportivas y religiosas.

También anunció que se impondría una mayor aplicación de medidas de bioseguridad. Y, en el anuncio más polémico, Pozo señaló la organización de centros de aislamiento destinados a aquellas personas que sean diagnosticadas como positivas. Éstas ya no volverían a sus casas y serían remitidas a los centros hasta que, tras aproximadamente 14 días, no representen un peligro para sus familias.

• Como para la guerra

Las reacciones no se dejaron esperar tanto desde las aristas prácticas como desde las legales. “¡A confinamiento los que den positivo! ¿Saben que lograrán? –preguntó en la red social Twitter el sociólogo Roberto Laserna–. Que la gente deje de hacerse test y que los positivos se oculten... y sigan contagiando. ¡Pero llevan el autoritarismo en el chip!”. El tuit desató una larga polémica que, como varias otras, encierra la preocupación sobre el mayor desafío a la hora de enfrentar la pandemia.   

 “Es, como se ha dicho, un escenario de guerra –aclara el salubrista Enrique Mendoza–. En casos como la Guerra del Chaco u otra que imaginemos, el poder político orienta su labor en base a las indicaciones de los expertos del área, en ese caso los militares. Ahora en esta crisis, los expertos son médicos, bioquímicos, biotecnólogos, etc. Pero, ojo, así como en las guerras, los militares, en varios casos, actuaron cometiendo errores, excesos y hasta delitos o grandes aciertos, puede pasar lo propio ahora. Es ahí donde el poder político y las instituciones sociales deben saber establecer los contrapesos y la línea de acción”.

El experto recordó que la forma de encarar la pandemia ha experimentado sobresaltos en todo el mundo justamente por errores en los protocolos, evaluaciones y avances que incluyen a la propia Organización Mundial de la Salud (OMS). “En Italia, en España, incluso acá cerca, en Argentina ciertas medidas resultaron marcadamente contraproducentes y provocaron reacciones de especialistas o de la propia población. Esos gobiernos se aplazaron y varios de sus especialistas también”.    

• El caso argentino

En el caso argentino, por ejemplo, resultó notoria la tozudez de las autoridades para imponer la cuarentena más larga del planeta. El confinamiento se prolongó desde el 20 de marzo hasta el 6 de noviembre de 2020. En son de broma la ciudadanía la denominó la “cuareterna”. El Gobierno de ese país señala que la medida sirvió para aplanar la curva de contagios y mostrar mejores resultados que los países vecinos. Sin embargo, una ola de críticas y protestas, incluso masivas movilizaciones callejeras, cuestionan otras consecuencias económicas, sociales, psicológicas y también sanitarias que agravan la crisis que vive ese país.  

Consultado por el diario Perfil sobre el inevitable aumento de pobreza que la cuarentena traería, el presidente Alberto Fernández dijo que prefiere "tener el 10 por ciento más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina". Sin embargo, diversas organizaciones de investigación social, incluida la agencia para la infancia de las Naciones Unidas (Unicef), advirtieron sobre riesgos mayores. Unicef prevé que 700 mil niños argentinos caerán a un nivel de vida por debajo de la línea de la pobreza.

"Para salvar a la población más en riesgo de morir a causa del coronavirus (los mayores de 65 años) el Gobierno está condenando a los más chicos –declaró a BBC Mundo Jorge Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social de Argentina (IDESA)–. Muchos de los cuales morirán como consecuencia de esa pobreza". El Gobierno también fue acusado de aprovechar la crisis para concentrar más poder, usar de excusa a la pandemia para la crisis económica que vive el país y evadir otras responsabilidades. La polémica se proyecta además hacia la etapa de las vacunas y sus múltiples connotaciones.

• Una advertencia autorizada

Otros especialistas advierten la urgencia de saber enfrentar de manera integral y bajo una visión de largo plazo el desafío de la pandemia. “Instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya hace meses, realizaron recomendaciones claves –dice la jurista Marlene Moscoso–. La lucha contra la pandemia debe armonizar con los derechos humanos fundamentales. El derecho a la salud debe obviamente precautelarse, pero sin que afecte a otros que nos salvaguardan de otros riesgos contra nuestra vida. Como en toda crisis importante, se debía llevar adelante una política de Estado coherente, coordinada y liderada por personalidades especializadas”.    

La CIDH en abril de 2020 difundió un documento titulado “Pandemia y derechos humanos en Latinoamérica”. En el texto, recuerda que la región está afectada por la mayor desigualdad social del planeta y, en ese contexto, advierte los riesgos que medidas desproporcionadas y ajenas a la valoración de los derechos fundamentales podrían traer sobre el subcontinente.  

“En cuanto a las medidas de contención con el fin de enfrentar y prevenir los efectos de la pandemia, la CIDH ha observado que se han suspendido y restringido algunos derechos, y en otros casos se  han declarado ‘estados de emergencia’, ‘estados de excepción’, ‘estados de catástrofe por calamidad pública’, o ‘emergencia sanitaria’, a través de decretos presidenciales y normativa de diversa naturaleza jurídica con el fin de proteger la salud pública y evitar el incremento de contagios –señala entre sus consideraciones el documento–. Asimismo, se establecieron medidas de distinta naturaleza que restringen los derechos de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información pública, la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la propiedad privada; y se ha recurrido al uso de tecnología de vigilancia para rastrear la propagación del coronavirus, y al almacenamiento de datos de forma masiva”.

Luego el documento subraya la importancia de que los Estados sepan trabajar sus políticas frente a la Covid-19 velando por un estricto respeto a los derechos humanos. Sus diversas relatorías fundamentan, según las áreas y casos, alertaron sobre los riesgos a conjurar.

• Una recomendación

Por su parte, el experto en derechos humanos y exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín señaló: “Las pautas de combate a la pandemia las deben dar las entidades especializadas, pero no se debe dejar de consultar a otras entidades relacionadas al área, tanto internas como externas. Entonces se debe considerar si las restricciones o medidas a establecerse resultan extremadamente necesarias o prudentemente necesarias. Obviamente, habrá que velar porque las restricciones en todo momento sean compatibles con los derechos humanos”.

Albarracín recuerda que el Estado boliviano carece de las condiciones como para afrontar con la debida contundencia un nivel alto de la pandemia. Coincide con las otras fuentes consultadas en que ante semejante reto deberían dejarse al margen las consideraciones políticas tanto para cuestionar como para informar sobre la situación y las acciones asumidas.

“Hay ya una experiencia, un aprendizaje colectivo que se adquirió el año pasado –concluye el analista–. Ese aprendizaje debe servir para mejorar en la actual coyuntura, al margen de cualquier otra consideración. Hay entonces una preocupación profunda que tras la intensidad de la pandemia, en su segunda fase, también hay la necesidad de velar por la sobrevivencia y la situación económica del país, especialmente por los sectores más deprimidos, de la gente que vive al día. Me parece que es posible compatibilizar los derechos económicos y sociales de la gente con el derecho a la vida y la salud. Dependerá de que se evite la politización del problema”.