Un contingente policial desalojó la tarde de este martes a un grupo de asentados del predio de la empresa Consarq en Tiquipaya en cumplimiento a una orden judicial de desapoderamiento.
Las asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) alertaron este lunes sobre la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional de una nueva Ley Nacional 302 de regularización del derecho propietario urbano en zonas rurales, con el respaldo del MAS.
La diputada Pamela Terrazas de la Comisión de Tierra y Territorio de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba dijo este viernes que ante las denuncias de avasallamientos que se registran se enfocarán en una ley o ajustes a las actuales normativas para sancionar con “mano dura a los verdaderos loteadores”.
Unos 100 policías divididos en turnos, de al menos 30, permanecen y vigilan la Hacienda Angostura o Canelas debido a que aún no se realizó la demolición de las casas clandestinas; sino sólo el desalojo de unos 70 avasalladores como resultado de una resolución del INRA.
El comandante departamental de la Policía en Cochabamba, Erick Holguín, informó este viernes que los operativos como el ejecutado ayer en la Hacienda Angostura continuarán por instrucción del Gobierno nacional y del Ministerio de Gobierno a través de órdenes competentes.
Un contingente de 490 policías ejecutó ayer el primer operativo de desalojo de predios agropecuarios avasallados en Cochabamba al intervenir en la Hacienda La Angostura, tomada desde 2020.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), junto a más de 200 policías, procedió este miércoles a notificar a los avasalladores de la Hacienda Canelas o Angostura, en Arbieto, para proceder al desalojo de estos predios.
La Asociación de Predios Productivos Agropecuarios Avasallados (Asspa) de Cochabamba, que recién se conformó, ya recibió alrededor de 100 denuncias de víctimas. A un inicio en la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) se presentaron 89.
La Alcaldía de Quillacollo y la Policía del Valle Bajo se constituyeron este lunes en Falsuri, en Quillacollo, para dar cumplimiento a una orden de demolición de casas ilegales que se edificaron fuera de la norma y en predios avasallados.
Las inspecciones continúan en el centro turístico Kim, en Santa Cruz, para determinar el daño ambiental y este sábado un grupo de ambientalistas ingresó al lugar.