En una reunión celebrada ayer, el Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) acordaron suspender la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que permite el decomiso de productos en casos de agio y especulación. La medida quedará en pausa hasta que ambas partes consensuen su reglamentación y metodología de aplicación, según informaron representantes de ambos sectores.