Suspenden por sexta vez audiencia por puente caído
Tras suspender por sexta vez la audiencia de anticipo de prueba hasta el 3 de noviembre, por el colapso del puente a desnivel de la avenida Independencia, en el proceso que se le sigue al exalcalde del MAS, Edwin Castellanos, y a otros cuatro procesados, la Alcaldía de Cercado pidió que dejen de dilatar el caso.
El asesor general del municipio, Sergio Coca, señaló que los imputados buscan ganar tiempo para que se venza el plazo para que la Fiscalía presente la acusación formal el 6 de noviembre. Añadió que el Ministerio Público también puede dictar un sobreseimiento por falta de pruebas o porque que no se tomó en cuenta el informe técnico.
“La suspensión repetitiva responde a que cuando el Ministerio Público quiera acusar formalmente no tenga una prueba técnica. Es un juego dilatorio, teniendo en cuenta que es más fácil defenderse en lo administrativo documental que en una identificación pericial”, aseveró.
El plazo para la acusación formal vence el 6 de noviembre. En tanto que la audiencia de anticipo de prueba se reprogramó para el 3 de noviembre.
La primera vez que se suspendió la audiencia fue el 8 de junio y desde entonces se reprogramó seis veces por excusas de viaje y trabajo por parte de los acusados y del municipio en una ocasión. Ayer, Castellanos pidió la suspensión por un viaje a La Paz para promocionar su disco.
La audiencia de anticipo de prueba es importante para aprobar los informes periciales que señalan las causas del colapso. Por el momento, los documentos no son parte formal de las pruebas del Ministerio Público.
El abogado de la empresa constructora Álvarez, Jorge Iriarte, señaló que, según los informes periciales, la falla estuvo en el diseño, por lo tanto, “lo más sano sería declarar sobreseimiento y citar a quienes participaron del diseño”, dijo.
Los imputados por este caso son: el exalcalde Castellanos, la empresa Álvarez, el ingeniero Nelson Vega y los exoficiales de Infraestructura y Finanzas, Sergio Rodríguez y Osvaldo Delgadillo. Los delitos son: incumplimiento de deberes en el caso de los funcionarios, contratos lesivos al Estado y daño económico.
Las concejales señalaron que el trabajo no debe ser un impedimento para el proceso. La abogada del exalcalde no pudo dar declaraciones.
FALTA UNA AUDITORÍA FINAL
A un año del colapso del puente a desnivel de la avenida Independencia, la Contraloría General del Estado todavía no presentó el informe final de la auditoría técnica que realizó de la obra. A principios de 2016 se anunció que el dictamen se concluirá en agosto.
El informe preliminar que la Contraloría General del Estado emitió el 9 de marzo de 2016 estableció indicios de responsabilidad en la empresa constructora Álvarez y en el ingeniero que diseñó y supervisó la obra, Nelson Vega.
El primer reporte fue rechazado por Álvarez, quien afirmó que sólo cumplió su contrato y ejecutó la obra que le encomendó el municipio. Asimismo, presentó una gran cantidad de documentación de descargo.
El informe preliminar estableció que ambos debían devolver la inversión que requirió la obra de 11,3 millones de bolivianos.
La Alcaldía informó ayer que aún no recibió el informe final de la Contraloría. La Fiscalía realizó la anotación preventiva de los bienes de los cinco imputados como una medida precautoria para garantizar el resarcimiento de daños.
OPINIONES
Sergio Coca. Asesor General Alcaldía
La imputación formal se sustenta en documentos administrativos, es decir, no contemplan aspectos técnicos de las causas del colapso. La suspensión de esta audiencia responde a que cuando el Ministerio Público quiera acusar formalmente no tenga una prueba técnica que identifique las causas del colapso.
Es un juego dilatorio que señala que es más fácil defenderse en lo administrativo que en lo técnico. Incluso se podría declarar sobreseimiento.
Jorge Iriarte. Abogado de Empresa Álvarez
Es obvio que todos quienes han participado en la etapa de diseño quieran evitar que se lleve a cabo la audiencia. El Ministerio Público tiene un plazo para emitir una acusación o un sobreseimiento.
Aquí, obviamente, corresponde un sobreseimiento, porque no existe materia penal ajusticiable ni para Álvarez, ni para nadie.
Lo que debe hacer la Fiscalía es citar a todos los que participaron en el diseño. Es lo más saludable.
