España: política y legalidad

La principal objeción en contra del plebiscito al cual una fracción del parlamento catalán quiere forzar hacia la ruta independentista, es la ilegalidad. El referendo a ser realizado el 1-10 no puede, en efecto, ser más ilegal de lo que es. Simplemente pasa por alto la letra, el sentido, y la forma de la Constitución.

Dicho sin sorna, hasta los movimientos de independencia de las naciones hispanoamericanas tuvieron un sustrato más legal que la decisión de la Generalitat catalana. Las juntas de gobierno del continente sudamericano surgieron en defensa de “nuestro muy amado Fernando VII” en contra de la ocupación napoleónica, vale decir, en defensa y no en contra del Estado español.

La declaración de independencia catalana que voluntariza al plebiscito surgió en cambio, y desde el primer momento, en contra del Estado. Con eso, el llamado a referendo impulsado por el trío formado por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Carme Forcadell ha perdido su legitimidad de origen. Ha terminado por ser un motín interparlamentario llevado a cabo por un grupo heterogéneo donde caben ultraconservadores, nacionalistas sin remedio (Ezquerra Republicana) hasta llegar a los más radicales de la CUP, cuyo objetivo es instaurar en Cataluña el socialismo del siglo XXI, fracasado en Latinoamérica.

Legitimidad –se ha dicho un millón de veces– no es lo mismo que legalidad, pero sin ajuste a una legalidad que no sea la de una dictadura, es difícil alcanzar cierta legitimidad. Esa es la razón que explica por qué las grandes rupturas históricas de la modernidad han sido realizadas en nombre y en defensa de la Constitución.

No hay movimiento más legítimo que el que se levanta en contra de regímenes que han violado la Constitución de todos. Por eso los escisionistas catalanes –más allá del resultado que obtengan en el ilegal plebiscito– han terminado por provocar lo contrario de lo que imaginaron: la unidad de los principales partidos de España en contra de la violación constitucional perpetrada en el Parlament.

Incluso el PSOE, hasta hace poco maniobrado por Podemos, ha recobrado su identidad nacional gracias a un ataque de cordura sufrido por Pedro Sánchez. La ciudadanía, la catalana y la del resto del país, ha honrado al PSOE con un alza repentina en las encuestas. Hasta Susana Díaz, la andaluza, decidió apoyar a Sánchez.

Rápidamente la UE tomó partido en contra del independentismo catalán. La declaración emitida por el Parlamento Europeo (7.09) no pudo ser más terminante: “cualquiera acción contra la Constitución de un estado miembro es una acción en contra del marco legal de la UE”. Y es explicable: una Europa que enfrenta el peligro de las repúblicas plebiscitarias en Europa del Este no puede aceptarlas en Europa del Sur.

Europa necesita de una España unida. Eso no quiere decir que, después del nuevo intento separatista, sea cual sea su resultado, la política española no deba tomar en serio algunas aspiraciones de sectores cobijados bajo el emblema independentista. Allí hay de todo. Desde descontentos por el monto (de verdad, muy alto) de transferencias, pasando por quienes creen pertenecer a una cultura superior, hasta llegar a una ultraizquierda cuyo objetivo es convertir a Cataluña en una republiqueta soviética.

Pero hay, además, catalanes que, tal vez con buenas razones, piensan que Cataluña, así como otras autonomías, debería ser menos dependiente de un Estado excesivamente centralizado y burocrático. Como en toda locura, en la separatista también, existe un trasfondo de verdad.

Las palabras confederación, federalismo, Estado plurinacional, entre otras, suenan fuerte. Quizás ha llegado el momento de escucharlas e integrarlas en proyectos políticos nacionales. España –lo dijo Ortega– no debe ser un país invertebrado.

El autor es filósofo, profesor emérito de la Universidad de Oldenburg, Alemania.

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