Niegan amparo a empresa del puente colapsado que pedía anular dictamen
La Sala Constitucional No. 2 del Tribunal Departamental de Justicia declaró ayer improcedente el amparo de la empresa Álvarez Ltda., que pedía anular el dictamen de la Contraloría General por la presunta vulneración del derecho a la defensa.
El fallo 017/2018 determinó indicios de responsabilidad civil y pidió a la Alcaldía el cobro de 11,3 millones de bolivianos por el puente caído, en octubre de 2015.
El abogado de la empresa, Jorge Iriarte, afirmó que “esto todavía debe ir al Tribunal Constitucional”. Explicó: “Se lo ha declarado improcedente por considerar el reclamo de los derechos conculcados debe ser en el proceso penal y no en la vía administrativa que habría concluido”.
La empresa presentó un amparo el 13 de agosto por la vulneración del derecho a la defensa, debido a que la Contraloría los notificó con el dictamen, pero no con el informe complementario.
La Contraloría General del Estado argumentó que el dictamen 017/2018 del puente caído es sólo opinión técnica, por lo que no corresponde que se lleve a un amparo constitucional. Explicaron que además la Sentencia Constitucional 740/2015 fue reconducida por otra y no tiene razón pedir la anulación hasta la notificación con el informe.
Para los representantes de la Contraloría, el dictamen puede ser rebatido en un juicio coactivo fiscal, donde además la empresa puede asumir su defensa amplia.
El exalcalde Edwin Castellanos, del MAS, apareció ayer en la plaza 14 de Septiembre y dijo que está conforme con el dictamen de la Contraloría, aunque se haya elaborado tres años después del colapso del puente.
