Adjudicaron comida en 12 horas; la Fiscalía allana Contrataciones
La Alcaldía de Cochabamba agilizó la contratación de una empresa para la dotación de comida a los policías y militares durante la emergencia sanitaria del coronavirus al realizar la adjudicación en unas 12 horas, según los informes. El caso es investigado ahora por la Fiscalía y la Felcc, que ayer allanaron la oficina de Contrataciones.
Según los documentos, el 16 de abril se promulgó el Decreto Municipal 155/2020 de Declaratoria de Emergencia Municipal. En el transcurso de ese día tres reparticiones elaboraron sus informes: Desarrollo Humano, Asuntos Constitucionales y Normativa Municipal.
A su vez, se contactó al empresario de Bunker Grill & Bar, Ljubodomir Golac, quien presentó una propuesta ese mismo día con menú incluido. Además, se realizó la calificación y firma del contrato.
Al día siguiente, 17 de abril, se publicó la adjudicación en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes) y se comenzó a distribuir las raciones a los policías y militares.
Con tanta prisa por cerrar el contrato, los responsables pasaron por alto la presentación del Registró Único de Proveedor del Estado (RUPE), requisito indispensable para venderle al Estado. Tampoco repararon en que el decreto recién entraba en vigor al día siguiente de su publicación, el 17 de abril, según legisladores.
El contrato se suscribió por 488 mil bolivianos para la dotación de casi 34 mil raciones por 15 días. El 24 de abril salió a la luz que la Alcaldía adjudicó el contrato a una empresa que no presentó el RUPE. En tanto, el 26 circuló en redes sociales un video de la entrega de comida en mal estado.
Ante esta situación, los concejales Edwin Jiménez, Celima Torrico y Carlos Coca denunciaron ante la Fiscalía al Alcalde; al secretario de Protección al Ciudadano, Omar Cordero; al secretario general, Elías Vásquez y otros funcionarios de Contrataciones.
La investigación se realiza por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica, contratos lesivos, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
Aunque el contrato establece que la comida debe ser entregada en el almacén “A”, al lugar no llega ni un plato. Todo se distribuye directamente a las unidades.
El alcalde Leyes enfrenta tres procesos por la adquisición irregular de mochilas, uno por la compra de cámaras y fue sobreseído por enriquecimiento ilícito. Se halla con medidas sustitutivas a la detención.
La Fiscalía investiga la licitud del contrato para la provisión de alimento para los uniformados.
FISCALÍA INTERVIENE CONTRATACIONES Y ALCALDÍA PROCESA A FUNCIONARIO
REDACCIÓN CENTRAL
Tras presentarse la denuncia, la Fiscalía y la Felcc allanaron la Dirección de Contrataciones, en El Prado, para secuestrar documentación y precintar las instalaciones.
“Se han precintado (las oficinas), hay funcionarios que de manera voluntaria han procedido a entregar esta documentación que es para la investigación”, dijo el fiscal que indaga el caso, Rodrigo Soria.
En tanto, el abogado que se sumó a la denuncia de los concejales, Lurwin Ledezma, señaló que como parte de la investigación se allanaron las oficinas municipales. Además, cuestionó que algunos secretarios estén siendo usados por la autoridad edil.
“El alcalde José María Leyes es tan pillo que ha generado acciones jurídicas para que él no firme ningún contrato, seguro esto para que más adelante se lave las manos y diga que él no firmó. Vamos a buscar que retorne a la cárcel”, expresó Ledezma.
Por su parte, el secretario general, Elías Vásquez dijo que el propietario del Bunker tiene su RUPE, “pero por un error de un funcionario se omitió ese requisito”, por tanto “se inició un proceso administrativo al trabajador”.
El Alcalde no atendió ayer la consulta de los medios de comunicación. Se encontraba con el secretario de Salud y otros funcionarios. Sólo se organizó una inspección al restaurante con algunos medios.
