Plantean 44 cambios de fondo a la ley contra la violencia familiar 348
Con la esperanza de eliminar la impunidad, el papeleo y años de calvario buscando justicia, agrupaciones, colectivos, ONG y personas que trabajan de cerca con familiares de víctimas de feminicidio y de violencia se organizaron para hacer una revisión en detalle de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348) y encontrar sus principales deficiencias.
Hasta el 5 de enero, el Ministerio de Justicia recibió más de mil propuestas que ayuden a evitar estos delitos o que faciliten los procesos contra quienes los cometieron.
El pasado 17 de diciembre, el Ministerio de Justicia, en el marco de su plan de reforma al sistema judicial, lanzó una convocatoria para desarrollar el proceso participativo de colectivos y víctimas de violencia y feminicidio para la modificación de la Ley 348.
El plazo para la entrega de propuestas feneció este 15 de enero. Luego de la sistematización de los insumos que se realizará en febrero, la norma será entregada el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, con todas las modificaciones y ajustes necesarios.
El 28 de diciembre de 2020, en Cochabamba, se desarrolló el primer conversatorio para la revisión de la Ley 348, en el que participaron diferentes instituciones, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Voces Libres, el colectivo Mujeres de Fuego, el Ministerio Público y la Alcaldía de Cochabamba por medio del Servicio Integral Municipal (SLIM).
En este evento se colectaron varias propuestas de modificación. Entre las principales, la conciliación, medidas de protección a las víctimas, revictimización, el amparo a niños afectados por casos de feminicidios, el presupuesto y la atención médica gratuita.
Por otro lado, 38 instituciones, redes y colectivos a nivel nacional se unieron para proponer 44 modificaciones a la Ley 348 y optimizar así la atención integral de este flagelo que, el año 2020, generó más de 22 mil denuncias ante la Felcv del país.
El documento con las 44 propuestas ya fue enviado al Ministerio de Justicia con el objetivo de que esta repartición lo tome en cuenta en el marco del proceso de reforma participativa al Sistema Judicial.
Entre las 44 modificaciones destaca, por ejemplo, la asignación de un 5 por ciento del presupuesto del Tesoro General de la Nación (TGN) para la administración de la justicia y el fortalecimiento de la lucha contra la violencia a nivel estatal, además de la petición de un procedimiento abreviado en casos de flagrancia, y un procedimiento especial y único para el tratamiento de casos al alcance de la Ley 348.
Otra modificación importante es que la víctima tenga derecho a sentar denuncia en el lugar (otra ciudad) donde considere que cuenta con refugio y seguridad.
“En el ámbito de la Educación, proponemos que se canalice la temática de la prevención de la violencia en la currícula, que se despatriarcalice a los maestros, que se los forme en perspectiva de género y se les otorguen los recursos para transmitir el mensaje a los estudiantes sin sesgos de género”. Otra petición es la dotación de material para aplicar la reeducación y capacitación de los niños y adolescentes e incluso para alcanzar a los universitarios.
También figuran, entre las propuestas, la creación de políticas integrales de atención a niños y adolescentes huérfanos por feminicidio, que en las audiencias cautelares se tome en cuenta, como riesgo procesal, la sentencia condenatoria por feminicidio en primera instancia, además de la instrucción de que los funcionarios fiscales, jueces y policías atiendan un número fijo de casos, y que los trabajadores de los SLIM no sean removidos de sus cargos por, al menos, tres años para garantizar el seguimiento de los casos.
“Nos llegaron propuestas de tres líneas, otras de 20 páginas. Es un proceso que está mostrando una problemática crítica en el país, los feminicidios y la violencia en los hogares”, dijo en una nota de prensa el ministro de Justicia, Iván Lima.
Vacíos legales en la implementación
La fundadora del colectivo Mujeres de Fuego, Ángela Nogales, considera que se requieren varias modificaciones debido a que existen vacíos legales, principalmente en el reglamento de aplicación de la norma en ámbitos como la prevención, atención y sanción de los hechos de violencia contra las mujeres y los feminicidios.
“En la prevención, lo que queremos es que los municipios y gobernaciones cumplan sus competencias; debería haber centros de rehabilitación para los agresores, pero se hace caso omiso, lo mismo con las casas de acogida”, explica.
En 2020 hubo 113 feminicidios
El año 2020 cerró con 113 feminicidios, con un promedio de uno cada tres días. En los primeros dos días de 2021 ya se habían reportado tres asesinatos a mujeres en Pando, Santa Cruz y Cochabamba.
En los primeros días de enero de 2021, en el país se reportaron cuatro feminicidios, dos de ellos en Cochabamba. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia inició campañas de sensibilización.
787 mujeres fueron asesinadas en 8 años
En Bolivia, 787 mujeres han sido víctimas de feminicidio desde que la Ley 348 entró en vigencia justamente con el objetivo de disminuir la violencia contra las mujeres en el país.
La Ley 348, que prometió a las mujeres una vida libre de violencia, fue aprobada el 9 de marzo de 2013 y entró en vigencia un mes después. Desde esa fecha, hasta el 31 de diciembre de 2020, se registraron 787 feminicidios.
La cifra no es real porque, durante 2013 y 2014, los operadores de justicia aún se resistían a calificar la muerte violenta de una mujer como feminicidio y procesaron decenas de casos con otros tipos penales.
De acuerdo a los registros oficiales, en 2013 hubo 26 feminicidios; en 2014, 71; en 2015, 110; en 2016, 111; en 2017, 109; en 2018, 130; en, 117 casos, y en 2020, año de la pandemia, 113.
De todos estos casos, el porcentaje de feminicidas con sentencia ejecutoriada es muy bajo debido a la mora procesal existente y a que los casos de feminicidio son tratados como cualquier delito.
