Instruyen buscar ayuda internacional por sequía
La Asamblea Departamental aprobó una declaratoria de emergencia por sequía en la región, que complementa la ley promulgada en febrero de 2016 por la Gobernación, para atender los desastres por granizadas e inundaciones en Cochabamba, informó ayer el asambleísta de Demócratas, Mario Orellana.
“Es para reforzar la ley de febrero, porque ya son más del 50 por ciento los municipios afectados. El propósito es que el Gobernador puede gestionar recursos no sólo ante el Gobierno nacional, sino ante la cooperación internacional”, manifestó.
La declaratoria ratifica la asignación de 2,6 millones de bolivianos para la atención de la emergencia. El fondo total es de 9,9 millones pero el 70 por ciento de los recursos se tramitarán ante el Viceministerio de Defensa Civil y otras instancias.
El asambleísta manifestó que la asignación de fondos para las emergencias tiene prioridad y que existen 24 millones de bolivianos del Fondo de Previsión de Gasto de Capital que se aprobaron recién y pueden ser empleados para desastres si la Gobernación hace la solicitud.
Añadió que la Gobernación cuenta con casi 100 millones de bolivianos para proyectos de inversión y 86 millones para pago de deudas como Misicuni.
Explicó que la declaratoria, aprobada el 5 de julio por el pleno de los asambleístas, instruye al gobernador Iván Canelas a gestionar ayuda nacional e internacional para atender a los afectados, ante los informes que señalan que el fenómeno ha dañado 19 mil hectáreas de cultivos.
Una de las primeras acciones puede ser requerir recursos al Ministerio de Desarrollo Productivo y Tierras para atender a los 28 municipios perjudicados por el fenómeno.
El asambleísta recordó que también está prevista la cobertura del Seguro Agrícola. Dijo que la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria establece la asistencia a los productores en caso de desastres.
En el artículo 407 señala: “La política de desarrollo rural integral tiene los objetivos de: garantizar la soberanía alimentaria, proteger la producción agropecuaria ante desastres naturales” y otras condiciones adversas que dañen la agricultura nacional.
