Fiscalía: Achá conoció proceso de adjudicación de Drillmec y "forzó" contrato

LA PAZ |

El Ministerio Público, en el documento de imputación contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Guillermo Achá, sostiene que el investigado conoció todo el proceso de adjudicación de la empresa italiana Drillmec para la compra de tres taladros e incluso supuestamente "forzó" la firma del contrato con esa compañía.

Según ese documento al que accedió ANF, Achá tenía pleno conocimiento de todo el avance del proceso de contratación, incluyendo las enmiendas realizadas por la Unidad Jurídica, Técnica y Administrativa, "pues la unidad de seguimiento de inversiones recopilaba información periódica de este proceso de inversión, la misma que era puesta a conocimiento de esta exautoridad".

Además debe tomarse en cuenta que llamaba a reuniones con los vicepresidentes y gerentes corporativos cada quince días o cada mes, aproximadamente, y en esos encuentros se informaba del avance de todos los proyectos de inversión, incluyendo el proceso de contratación para los tres equipos de perforación.

Como consecuencia Drillmec se adjudicó la compra de taladros por un monto de 148.881.6000 bolivianos, firmado en representación de YPFB por el ingeniero Patricio Sosa por delegación de funciones del entonces presidente Ejecutivo de Yacimientos y suscrito por parte de esa empresa italiana por Diego Bergonzi.

Luego la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB hizo conocer a Achá observaciones e irregularidades en ese proceso de contratación.

"A raíz de estas observaciones y denuncias, YPFB a la cabeza del expresidente Guillermo Achá y por intermedio de Sosa decidió suspender el contrato con Drillmec, primeramente por 30 días y posteriormente ampliar el plazo a 60 días adicionales, para que al final sea el mismo (Achá) quien ordene a la Gerencia Legal Corporativa de YPFB proceder a la recisión de contrato", asegura la investigación de la Fiscalía.

Por eso es que -según esa misma documentación de más de 30 páginas- "dentro de este proceso de contratación se tiene que Guillermo Luis Achá Morales ha cumplido funciones como presidente Ejecutivo de YPFB desde el inicio del proceso de contratación hasta la nota de resolución del contrato, habiendo tenido participación activa de manera directa a través de su personal de confianza para que la empresa Drillmec pueda verse beneficiada y como consecuencia se adjudique (la compra) de tres equipos de perforación" para YPFB.

Supuestamente, ese personal de confianza de Achá estaba constituido por Carmen Lola Tellería, exgerente Legal Corporativa de YPFB Andina, y también por David Pérez Alba, exgerente de Perforación Corporativa. Ambos ahora detenidos preventivamente.

En ese sentido, en la imputación también sostiene que por mandato de Achá, la abogada Lola Tellería tenía conocimiento de todo el proceso de contratación sin ser parte del comité de licitación.

Es así que el Ministerio Público entiende que Achá tenía conocimiento del proceso de contratación "paso a paso" por intermedio de esa abogada.

Además, según el mismo documento, "la influencia (en este proceso irregular) se encuentra debidamente materializada el momento en que Guillermo Achá ordenó a David Pérez Alba disponer la orden de proceder, asumir acciones para que la Gerencia Legal Corporativa y Gerencia de Perforaciones emitan un contra informe para forzar que el proceso de contratación sea materializado".

Esa orden de "forzar" la firma de contrato con la empresa italiana Drillmec supuestamente se emitió a pesar de las irregularidades observadas por la Dirección de Transparencia de YPFB.

El juez Hugo Huacani dispuso la detención domiciliaria de Achá por este caso, después de que la Fiscalía lo imputó por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

Aunque el Ministerio Público esperaba que el imputado sea llevado a la cárcel. El fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, lamentó que el juez haya dispuesto medidas sustitutivas a la detención preventiva.

"La autoridad jurisdiccional de manera incongruente ha dictado una resolución que no tenía fundamento, ahora bien nosotros como Ministerio Publico consideramos que esas actuaciones no deben ser valederas, vamos a apelar la decisión", confirmó Blanco.