Quiborax: Fiscalía desestima la denuncia contra el Procurador y otras autoridades
El Ministerio Público de La Paz desestimó la denuncia planteada por tres diputados opositores contra el procurador general del Estado, Pablo Menacho, el ministro de Justicia, Héctor Arce, y otras autoridades, por el caso Quiborax.
"Se desestima la denuncia interpuesta por Wilson Pedro Santamaría Choque, Rafael Arcangel Quispe Flores y Julio Grover Huanca Nina contra Elizabeth Arismendi Chumacero, Héctor Arce Zaconeta, Félix Cesar Navarro Miranda, Pablo Menacho Diederich, Edwin Blanco y Favio Maldonado", indica la parte dispositiva de la decisión de la Fiscalía.
La denuncia contra las autoridades del Estado estaba interpuesta por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Mientras, el proceso iniciado contra el expresidente Carlos Mesa continúa a la espera de que el Legislativo autorice un juicio de responsabilidades en su contra después de que la Procuraduría también lo demandó por el caso Quiborax.
La controversia con la firma surgió el 2004 debido a la "revocatoria" de las concesiones mineras que tenía en el Salar durante el gobierno de Mesa.
Dicha medida -según la Procuraduría- se llevó vulnerando las disposiciones de la Ley Nº 2564, que establecía la elaboración de seis auditorías, previas a la "declaratoria de nulidad" de dichas concesiones.
Todo ello se debía realizar en un plazo perentorio de 60 días y no fue cumplido, reiteró en varias oportunidades la Procuraduría y otras autoridades del Gobierno, a la hora de justificar su sindicación a Mesa.
Quiborax se quejó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por su expulsión de Bolivia y tras varios años de proceso, ganó el juicio internacional.
Entonces, Bolivia tuvo que pagar a la firma extranjera un total de 42,6 millones de dólares y esta situación generó varias demandas dentro del Estado Plurinacional. Es así que mientras el Gobierno culpa a Mesa, opositores y el propio expresidente consideran que el Ejecutivo no hizo una debida o adecuada defensa del Estado en el juicio.
