Incentivan a obreros a “administrar bien” las empresas sociales
“Al principio siempre es difícil, pero luego se aprende a administrar. Cuando se administra bien, tiene resultados positivos”, afirmó ayer el ministro de Trabajo, Miltón Gómez, a modo de incentivar a los obreros para que asuman “correctamente” el control administrativo y productivo de sus empresas sociales.
Hasta el momento, se conoce que tres empresas operan bajo la figura de social, entre ellas están Cerámica Victoria y las textileras Punto Blanco y Polar. La última en mostrar su intención de cambiar su figura legal es Inal Ltda. de helados Panda.
Sin embargo, de acuerdo a información del Viceministerio de Trabajo, son 10 las compañías —incluyendo las ya mencionadas— cuyos trabajadores buscan convertirlas en sociales.
Gómez añadió que los trabajadores de empresas sociales tienen que deliberar como socios y participar en los niveles de la cadena productiva, y que el éxito y la sostenibilidad dependerán de las ventas.
Aseguró que una vez que la factoría se constituya como social, para los trabajadores no será “fácil” que salgan adelante, ya que recibieron una compañía prácticamente “quebrada”.
Respecto a helados Panda, Gómez dijo que todo depende de los trabajadores para agilizar y presentar los requisitos para que puedan asumir legalmente el control de su fábrica.
Mientras tanto, el presidente de los Empresarios Privados de Cochabamba, Javier Bellott, recordó que la Ley de Empresas Sociales es inconstitucional, que presentaron un amparo en busca de su nulidad.
“Es inaplicable, por eso se presentó un recurso abstracto de nulidad. Las normas tienen que guardar coherencia y preservar las unidades productivas”, dijo.
EMPRESARIOS RECHAZAN LEY 1055
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la Ley de Creación de Empresas Sociales Nº 1055 porque considera que tiene muchos vacíos y vulnera varios artículos de la Constitución Política del Estado.
En el caso de la empresa Inal Ltd., los empresarios piden al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en primera instancia, que solicite y revise la documentación pertinente para verificar si respalda o no lo expresado por los empleados, así como la identificación de los acreedores y pasivos que pudiera tener la empresa, para no afectar los intereses de todos los actores involucrados.
