Ley de desmontes aviva blanqueo de madera y traficantes refutan control
Al igual que el tráfico de tierras, el tráfico de madera es otro ilícito que mueve millonarias sumas de dinero en Bolivia, particularmente en Santa Cruz. Según especialistas, el también denominado blanqueo de madera se apoya en la Ley 741, que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades.
La detención preventiva del exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo, quien fue sorprendido recibiendo un soborno para favorecer al saneamiento de tierras, sacó a flote una serie de críticas al tráfico de tierras y madera en el oriente boliviano.
Según el expresidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz Evert Durán, ambas actividades ilícitas van de la mano y se llevan a cabo de manera frecuente en este departamento.
Durán señala que urge mejorar la fiscalización que ejerce el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a las tierras fiscales dotadas a comunidades campesinas, indígenas o interculturales, dado que éstas, en algunos casos, optan por comercializar los predios a terceras personas y, para que tenga mayor valor, extraen la madera de manera ilegal.
Menciona que este proceso de extracción ilegal de madera se camufla en la Ley 741. “Dicen que es para sobrevivencia, pero vemos que no es así”, señala Durán. Añade que, para evitar estos hechos irregulares, las dotaciones deben ser intransferibles.
El tráfico de madera también es una labor que preocupa a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Su director, Omar Quiroga, indicó que las labores de fiscalización se centran en la zona de la Chiquitania, particularmente en los municipios de Concepción y San Ignacio de Velasco.
“Resulta que cuando se fiscaliza hay algunas personas que, al parecer, se sienten afectadas y empiezan a rechazar la fiscalización, al extremo de decir que la ABT está fiscalizando mucho”, dijo Quiroga.
Alertó que esta actividad ilegal, al igual que el narcotráfico, puede tener reacciones imprevistas por parte de quienes se sienten afectados, por lo que la ABT ejecuta las labores de fiscalización en coordinación con las Fuerzas Armadas.
Según registros de la ABT, en la gestión 2020 se iniciaron 126 procesos administrativos sancionatorios por el aprovechamiento ilegal de madera.
Intervención al INRA
Como una medida para contrarrestar el tráfico de tierras, la Fundación Tierra propone la intervención inmediata del INRA para iniciar una auditoría de todos los casos con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente en Santa Cruz.
También el desalojo de los ocupantes ilegales de tierras fiscales en los casos donde existan resoluciones de desalojo. Asimismo, paralizar todos los trámites de autorización de asentamientos del INRA y los procesos de saneamiento con antecedentes de tráfico de tierras.
Tráfico de tierras subió desde 2011
Según la Fundación Tierra, el tráfico de tierras en Bolivia se intensificó desde el año 2011, con la conformación del consorcio llamado INRA Paralelo, del que formaban parte funcionarios y exfuncionarios públicos. Este grupo se dedicó a falsificar expedientes agrarios y blanquear antecedentes jurídicos para entregar tierras fiscales al mejor postor.
También menciona que, entre 2014 y 2019, el INRA firmó más de 1.400 autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades en Santa Cruz, pero ocultó la información relativa a los beneficiarios y extensiones, lo que dio lugar a “comunidades fantasma” en manos de traficantes.
