Cívicos cruceños se declaran en emergencia y amenazan con movilizarse ante persecución política
El Comité pro Santa Cruz se declaró este sábado en estado de emergencia y no descartó convocar a la población de esa región a salir a las calles, ante la persecución política por parte del Gobierno contra los líderes cívicos que condujeron el paro cívico de 36 días.
"Nos declaramos en estado de emergencia y alerta permanente, exigiendo el cese de la persecución política. Llamamos al pueblo cruceño estar atento al llamado de sus instituciones, para defender en las calles de ser necesario, a nuestros líderes", señala el comunicado de los cívicos.
Tras la promulgación de la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financieros y Electoral, el presidente Luis Arce advirtió que no se detendrán los procesos judiciales contra los promotores del paro porque los delitos no pueden quedar impunes.
En el documento, el directorio de los cívicos rechazó y denunció el uso de la justicia por parte del Gobierno para procesar a los miembros del Comité Interinstitucional de Defensa del Censo, quienes cumplieron el mandato del pueblo cruceño otorgado por los cabildos que se desarrollaron anteriormente.
En ese sentido, aseguran que existe un revanchismo por parte del Ejecutivo que, usando a la justicia como su brazo represor, está iniciando procesos penales por el solo hecho de haber cumplido el mandato del pueblo boliviano, que ejerció su legítimo derecho a la protesta pacífica.
"El Directorio del Comité pro Santa Cruz expresa su rechazo y repudio a la persecución política del Gobierno del Movimiento al Socialismo contra los líderes y miembros del Comité Interinstitucional de Defensa del Censo, que cumplieron el mandato del pueblo cruceño y boliviano, otorgado en las cumbres departamentales y cabildos realizados exigiendo la realización del censo nacional de población y vivienda", señala otra parte.
El pasado miércoles, el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó que se admitió tres denuncias contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar y el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por los conflictos que se registraron durante los 36 días de paro por el censo.
En esa oportunidad, la autoridad manifestó que los involucrados serán convocados a declarar en los próximos días, ya sea en La Paz o en la capital cruceña, donde radican las causas. Aunque indicó que se recibieron varias demandas contra los dirigentes cívicos.
Al respecto, los cívicos exigen a los operadores del órgano Judicial que enmarque su accionar en el marco de la ley, la Constitución Política del Estado (CPE) y tratados internacionales, respetando las libertades ciudadanas y el estado de derecho.
