Endurecen sanciones a indocumentados en EEUU
Washington |
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha logrado su primera victoria parlamentaria en el terreno que más le gusta pisotear: la inmigración. La Cámara de Representantes aprobó la madrugada de ayer dos leyes que materializan sus proclamas más extremas.
Un mazazo doble que, si el Senado lo confirma, elevará hasta 10 años de cárcel la condena a los indocumentados que insistan en regresar a EEUU tras su deportación, pero que también le permite retirar fondos a ese gran frente de resistencia que han creado las ciudades rebeldes a su política migratoria, como Los Ángeles, Nueva York o Chicago, reseñó el diario El País.
Trump necesitaba un éxito. No importaba que fuese pequeño o provisional. En las últimas semanas no ha logrado marcar con claridad sus pasos en la arena. Su veto migratorio sólo ha salido parcialmente adelante, la reforma sanitaria no encuentra mayoría en el Senado y el prometido recorte fiscal aún no ha superado la fase de borrador. Tiene mayoría absoluta en ambas cámaras, pero la sensación de que el Presidente se mueve con excesiva lentitud en aguas parlamentarias es generalizada.
La política migratoria no escapa a esta percepción. Aunque en el terreno de lo inmediato han subido las detenciones de indocumentados y se ha reducido el trasiego ilegal en la frontera, la plasmación política de las promesas de Trump se ha estrellado con la resistencia de las ciudades santuario.
Una constelación de urbes e incluso un Estado como California, que se niegan a cumplir al pie de la letra los dictados en materia migratoria. Frente a las cada vez mayores y más duras exigencias de Washington, evitan las identificaciones indiscriminadas y rechazan entregar migrantes a las autoridades federales sin orden judicial.
Aparte del desacuerdo ideológico, esta actitud tiene una explicación práctica: se trata de poblaciones con enormes bolsas de indocumentados y donde las medidas abrirían una brecha insalvable entre los poderes locales y esa masa de ciudadanos (sólo en Los Ángeles viven 800.000 sin papeles).
Trump y su fiscal general, Jeff Sessions, no han dejado de atacar este frente. Sessión ha calificado a las ciudades santuario de “amenaza para la seguridad pública” y Trump lanzó una orden ejecutiva para retirar fondos a aquellas que no colaborasen.
TRUMP: “NINGÚN SANTUARIO PARA LOS CRIMINALES”
La siguiente vuelta de tuerca de Trump ha llegado con la aprobación de dos leyes que, en un país con 11 millones de indocumentados, tiene como fin endurecer sus condiciones de vida. La primera es un obús dirigido a las ciudades rebeldes.
La norma, bautizada “Ningún santuario para los criminales”, que ganó por 228 votos sobre 195, les exige cumplir con las órdenes de arresto federales, por ejemplo, extendiendo la retención de un emigrante sospechoso 48 horas más de lo que establece la ley penal. En caso de no cooperar, la iniciativa permite retirar fondos a estas urbes y abre las puertas a que las víctimas de delitos cometidos por inmigrantes sin papeles les denuncien.
La otra carga de profundidad es la Ley Kate. Llamada así por el caso de Kate Steinle, muerta a tiros hace dos años en el embarcadero de San Francisco por un mexicano con antecedentes que había sido deportado cinco veces. La norma aumenta las penas a quienes reinciden en la entrada ilegal a EEUU. Así, un indocumentado que haya sido deportado más de dos veces y sea sorprendido nuevamente, puede enfrentarse a penas de hasta 10 años de cárcel.
