El Gobierno no es idóneo para emprender proyectos petroquímicos

El proyecto de la planta de polipropileno, con una inversión de 2.200 millones de dólares, ha tenido ya suficientes críticas y problemas como para que el Gobierno persista en construirla.

La anulación, en junio del año pasado, de la adjudicación al consorcio Tecnimont – Técnicas Reunidas,  para su construcción, no obedeció solo a fallas administrativas en la calificación, sino a un cúmulo de decisiones equivocadas que se tomaron al interior del programa de industrialización en la planta de licuefacción de gas, en la separadora de Gran Chaco y en la Planta de Bulo Bulo.  

La planta de polipropileno es tan cara como la suma de las tres plantas mencionadas y seguramente las autoridades evaluaron el enorme riesgo que corrían con la construcción y decidieron volver sobre sus pasos, acudiendo a un subterfugio administrativo para justificar la decisión de anular y paralizar el proceso.

Al interior de YPFB se realizó una inusual revisión de los informes y procedimientos seguidos en la evaluación y posterior adjudicación para concluir con la anulación.

La Dirección de Transparencia de YPFB, en informe de 31 de agosto de 2017 (más de dos meses después de la anulación), justificaba dicha anulación aduciendo que:

–  La adjudicataria Tecnimont (con Técnicas Reunidas), no presentó el documento de constitución de su empresa, en su lugar presentó un acta de asamblea y sus estatutos.

–  No presentó un poder especial y suficiente del representante legal sino una fotocopia simple.

–  La convocatoria de YPFB tuvo distintos nombres.

–  La publicación de la convocatoria fue el 1 de mayo de 2016, feriado en Bolivia y no hábil para procedimientos administrativos.

–  Varios de los documentos del proceso de calificación no tenían fecha de realización.

No obstante, días antes de la anulación, el Presidente de YPFB había declarado que la consultora cumplió con todos los requisitos técnicos exigidos por el documento base de contrataciones y que no gozó de ninguna ventaja para obtener la adjudicación.

Para la construcción, YPFB cambió los términos de referencia, por otros superficiales y menos exigentes, que posibilitaron la habilitación de Tecnimont. La consultora, pese a que ganó en dos convocatorias anteriores, presentando todos sus documentos en orden, en esta tercera oportunidad, creyéndose dueña de la situación incurrió en fallas de aprendiz.

Los errores que estaba cometiendo el Gobierno eran comunes a los de anteriores proyectos: Los estudios previos son repetitivos, la localización de la planta es mala, la materia prima tiene que ser producida por la misma planta, la provisión de GLP de la planta Gran Chaco es insegura, la producción de polipropileno no tenía mercados asegurados y la tecnología adquirida no sería la mejor.

Veamos: El segundo estudio que realizó Tecnimont es inútil para YPFB porque se trata de soporte estratégico de mercado, selección de tecnología, capacitación y preparación de documentación para la construcción. Parte de estos trabajos se hicieron en el primer estudio y el resto se hará en la fase de construcción. YPFB pagó la suma de 862.800 dólares por este estudio que no le aporta nada.

La suma de estos costos de preinversión, de acuerdo con el Ministro de Hidrocarburos, ya subió a 20 millones de dólares.

La planta se localizará a 11 Kms. de la planta Gran Chaco, cuando en esta última se dispone de 325 Has. libres y sólo se necesitan 70 Has para la nueva construcción, incurriendo en inversiones adicionales como la de dos poliductos y nuevos costos de transporte.

La Planta de Gran Chaco no producirá propano que es la materia prima para el propileno, sólo producirá GLP. Hasta febrero pasado, Gran Chaco sólo producía 513 ton/día de GLP (23% de su capacidad), cuando la planta de polipropileno requerirá un suministro diario de 1.489 toneladas diarias GLP, el triple de lo disponible.

Pese a todas las estrategias y soportes de mercados estudiados, no se conoce de ninguna gestión de gobierno para acceder a mercados, ni de países vecinos ni lejanos, pese a que se sabe que entre el 80% y el 90% de la producción debe exportarse. La situación es la misma que la de la planta de urea, podrá producir, pero no tiene donde vender el producto.

La tecnología adquirida a dos empresas licenciantes para producir propileno y polipropileno, ya no se utilizaría en el proyecto, según el Ministro de Hidrocarburos hay nueva tecnología con mejores productos en el mercado.

Pese a que el Ministro asegura que nuevamente se licitará el estudio de ingeniería de detalle que durará entre ocho y nueve meses y después se licitaría la construcción, es necesario ratificar, por los antecedentes descritos, que el gobierno actual no es idóneo para gestionar exitosamente proyectos de billones de dólares y debería ser otra administración la encargada de revisar todo lo realizado antes de seguir adelante.

El autor es ingeniero químico y petroquímico.