Quiborax-NMM, hoy lo volvería a hacer
Conocí el Salar de Uyuni en 1997. Quedé sobrecogido por su estremecedora belleza y la sensación de que por unos instantes entraba a un mundo distinto, único, que me mostraba que era testigo y parte de una naturaleza imponente e indoblegable. Desde entonces el Gran Salar se instaló en mi corazón.
Era un tiempo en el que ya el litio y las otras ingentes riquezas de minerales no metálicos habían marcado una fuerte tensión entre los intereses privados y los del Estado, tema particularmente sensible para los potosinos que, una vez más, como en los tiempos coloniales de la gran Montaña de Plata del orbe, sentían que la mayor reserva mundial de litio y uno de los lugares más fascinantes del planeta, podía tornarse en una maldición en vez de ser una gran esperanza para el desarrollo y el crecimiento de la región y de la nación.
Así pareció marcarlo la malhadada “Ley Valda” promulgada en 1998 que redujo la reserva fiscal que protegía la costra salina de Uyuni, lo que dio lugar a una serie de concesiones mineras, las más emblemáticas de todas: las siete concesiones que se le otorgaron al consorcio chileno Quiborax-Non Metallic Minerals S.A (NMM). El argumento que se usó,el de la necesidad de atraer inversiones internacionales para la explotación de nuestras riquezas, se vino abajo muy rápidamente en este caso. Con una inversión de menos de un millón de dólares, métodos artesanales, explotación de mano de obra local barata, e incumplimiento sistemático de la normativa boliviana, Quiborax-NMM extraía ulexita y la exportaba a Chile declarando volúmenes menores a los realmente transportados.
Vale la pena recordar que las concesiones de esta empresa no fueron otorgadas en sujeción a la ley 719 que establecía que el Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (Ciresu) era la instancia que representaba al Estado boliviano en lo referido a la exploración y explotación de sus riquezas.
La población potosina, históricamente combativa por los intereses nacionales, reclamó permanentemente ante este proceso expoliador de ulexita, sin haber sido escuchada por los distintos gobiernos que mostraron temor a enfrentarse con el poder de los capitales chilenos. Fue en este contexto que nuestro gobierno, inspirado en la defensa de los intereses del país y el reconocimiento de la validez de la protesta potosina, tomó dos medidas fundamentales: la primera, la promulgación de la Ley 2564 de 9 de diciembre de 2003, que recuperó la totalidad de la Costra Salina del Salar como reserva fiscal a favor de Bolivia y, por supuesto de Potosí, que fue una nacionalización de hecho de esa reserva de rango mundial. La segunda, la promulgación del DS 27589 de 23 de junio de 2004 que expulsó del país a Quiborax-NMM por las razones antes anotadas.
Los reclamos internacionales presentados por Quiborax-NMM llevaron al Estado a un arbitraje internacional que se desarrolló entre 2008 y 2018, íntegramente durante el gobierno del presidente Morales. De manera increíble, que no demuestra otra cosa que una pésima defensa, tanto el Ministerio de Defensa Legal del Estado como la Procuraduría General del Estado, perdieron el laudo ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), pero no sólo lo perdieron sino que llevaron a Bolivia a la increíble situación de tener que pagar 48,6 millones de dólares (hoy esa suma supera los 55 millones) a una empresa que no invirtió ni siquiera un millón de dólares en los años en que operó en el Salar. Esta vergüenza que el gobierno de Morales y sus funcionarios no se atreven a asumir (el exministro y los exprocuradores Héctor Arce, Hugo Montero y Pablo Menacho, muy especialmente), se la trasladan a nuestro gobierno, a mí en particular y a los ministros Luis Fernández Fajalde, Gustavo Pedraza y al viceministro Freddy Escobar, que no hicimos otra cosa que nacionalizar nuestra más importante reserva de recursos naturales, patrimonio natural y cultural de Potosí y de Bolivia.
De este modo, en el mundo al revés en el que se mueve el gobierno del presidente Morales, cuando su gobierno nacionaliza y paga compensaciones (que ya superan largamente los 1.000 millones de dólares) hay que aplaudirlo y considerarlo un héroe en defensa de los intereses del Estado, pero cuando otros tomamos decisiones de esa magnitud en favor de un Departamento y un país, acabamos en el banquillo de los acusados, con imputaciones como daño económico al Estado, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y conducta antieconómica.
Recordando ese día mágico en el que me encontré con el alma del Salar, afirmo hoy que si volviera a estar en el trance de tomar una decisión sobre Quiborax-NMM, haría exactamente lo mismo, porque era lo que había que hacer, lo único posible y lo único correcto.
El autor fue Presidente de la República.
Columnas de CARLOS D. MESA GISBERT
