Tratados bilaterales de inversión, una necesidad ante la crisis

Columna
RES NON VERBA
Publicado el 22/05/2020

Bolivia es uno de los pocos países del mundo que no ofrece a los inversionistas extranjeros las protecciones que brindan los tratados bilaterales de inversión (TBI), por lo que es prioritario que el actual y el próximo Gobierno de nuestro país –reconociendo la necesidad imperiosa de recibir inversión extranjera para paliar la inevitable crisis económica que se avecina– haga un importante esfuerzo por suscribir TBI con las principales economías del mundo, y así lograr que Bolivia reciba una tajada de la inversión extranjera que se destina a Latinoamérica cada año.  Es importante notar que la suscripción de TBI representa una de muchas políticas que el país deberá poner en marcha rápidamente para convertir a Bolivia en un receptor serio de inversión extranjera.

Los TBI son instrumentos internacionales suscritos entre dos Estados cuyos objetivos principales son: (a) garantizar a los inversionistas de ambas naciones un trato justo y equitativo por parte del país receptor de la inversión, (b) la protección contra la expropiación ilegal de sus activos una vez materializada la inversión, y (c) el acceso a foros imparciales, como el arbitraje, para resolver cualquier controversia suscitada entre el Estado y el inversor.

En ese sentido, la función práctica de un TBI hace que, a tiempo de invertir en un negocio, el inversionista extranjero compruebe si el país al que pretende destinar su inversión ha suscrito un TBI con su país de origen y, en la medida que el país receptor no ofrezca las protecciones de un TBI, con mucha probabilidad dará un paso al costado y destinará su inversión a un Estado que sí le ofrece las protecciones de un TBI.

Durante el denominado periodo neoliberal (1985-2005), el Estado boliviano suscribió 22 TBI con países amigos como Alemania, Austria, Argentina, Chile, China, Estados Unidos, España, Francia, México, Suiza, Suecia, por mencionar algunos. Como consecuencia de aquellos TBI, en los años 90 y los primeros cinco años de la década de 2000, Bolivia recibió inversión directa extranjera sin precedente que permitió el desarrollo de la industria de hidrocarburos, dando lugar al descubrimiento de los megacampos San Antonio, Margarita, Itaú y San Alberto, los reservorios de gas más importantes del país y, consecutivamente, dio curso la inyección de enormes recursos para la articulación de la infraestructura de transporte de gas natural que hasta hoy permite la exportación de ese recurso natural a Brasil y Argentina.

A partir de 2006, una vez el Movimiento al Socialismo (MAS) asumió las riendas del poder, adoptó como política de Estado la nacionalización de las empresas que fueron privatizadas durante el periodo neoliberal, disparando una ola de arbitrajes de inversión iniciados por los inversionistas extranjeros afectados, todos con base en las protecciones que les brindaban los TBI. En respuesta a dichos arbitrajes, el gobierno del MAS sometió a los TBI a escrutinio, criticándolos duramente bajo el argumento de que estos generaban desequilibrios en contra del Estado y, posteriormente, tildándolos de inconstitucionales tras la adopción de la nueva Constitución Política en 2009.

De esa forma, entre 2007 y 2013 todos los TBI fueron denunciados y perdieron su validez jurídica, después de lo cual el MAS anunció que suscribiría nuevos TBI bajo términos más favorables para el país, sin lograr negociar ni uno solo hasta su salida en noviembre de 2019.

La situación anterior, sumada la nacionalización de las denominadas empresas estratégicas, ha afectado gravemente la reputación del país en el espectro internacional, haciendo de Bolivia uno de los países con la menor recepción de inversión extranjera de Latinoamérica.

A modo de ejemplo, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la inversión directa extranjera recibida por Bolivia en 2018 fue igual al 0,8% de su producto interno bruto (PIB), nivel muy inferior al de países de la región que también cuentan con una importante presencia en sectores extractivos, como el Perú, donde la inversión directa extranjera fue del 3% del PIB y Chile donde llegó al 2,2% del PIB.

Visto en números, resulta que la inversión extranjera directa recibida por Bolivia en 2018 fue de US$ 316 millones, comparada con los US$ 6.488 millones invertidos en el Perú y los US$ 6.082 millones recibidos por Chile. Perú ha suscrito 35 TBI y Chile ha suscrito 55 TBI con países amigos.

La situación anterior hace más que evidente que el país debe hacer todas las gestiones necesarias para ampliar su oferta de TBI al máximo posible si pretende mostrarse más atractivo frente a la inversión extranjera que tanto precisa, tal como lo hicieron Perú y Chile en su momento, decisión que evidentemente les ha pagado bien. Antes, sin embargo, es importante entender cuál es el camino que deberemos recorrer para competir por la inversión que se destina a la región.

En los hechos, resulta que negociar TBI con países amigos va a tener una complejidad inexistente en la etapa neoliberal, y esta es que se han incorporado algunos cerrojos en la Constitución Política de 2009 y algunas leyes subsecuentes que dificultarán cualquier negociación de TBI, uno de los cuales, por ejemplo, indica que “la inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera”, situación que es manifiestamente contraria a uno de los principios fundamentales de los TBI y un absurdo, cuando es innegable que la inversión formal, local o extranjera, trae consigo los mismos beneficios para el país receptor de la inversión, esto es, el ingreso de divisas, la generación de nuevos empleos y el resultante incremento de la recaudación fiscal.

El camino para suscribir nuevos TBI, entonces, pasa por definir si será necesario implementar una reforma constitucional para abrir los cerrojos o si, por el contrario, será posible abrirlos o sortearlos con legislación complementaria que ofrezca los incentivos que buscan los países amigos y sus inversionistas. Sea cual fuere el camino, queda claro que las autoridades de este y el próximo Gobierno tienen una labor titánica por delante para transformar a Bolivia –nuevamente, después de 14 años de decisiones basadas en una ideología política desacertada que nos ha mantenido fuera de la mirada internacional de los principales inversionistas extranjeros– en un país abierto a la inversión y dispuesto a competir con nuestros vecinos en iguales o mejores condiciones. El éxito de esa labor determinará, casi de manera exclusiva, la duración y severidad que tendrá la crisis económica que ya estamos viviendo.

 

El autor es abogado especialista en negocios e inversiones

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