¡Necesitamos un nuevo régimen de contrataciones públicas, ya!

Es urgente actualizar el régimen de contrataciones pública de Bolivia, tanto para aumentar la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos –adoptando nuevas prácticas y tecnologías que promuevan mayor transparencia y competitividad– y para aplacar la corrupción desenfrenada.

Para entender nuestro contexto, primero es importante anotar que en Bolivia existen 4.356 proyectos y entidades públicas inscritas en el Sistema de Contrataciones Estatale (Sicoes), entre las que se encuentran las instituciones que hacen a los cuatro poderes del Estado, las gobernaciones, los municipios, las universidades públicas, las cajas de salud y las empresas estatales.

Todos los años, estas entidades lanzan decenas de miles de procesos de contratación pública para comprar bienes y contratar servicios de empresas privadas locales y extranjeras, individuos y, en algunos casos, de empresas estatales de aquellos países con los que el Gobierno de turno comparte una misma ideología política, tal es el caso, por ejemplo, de Pdvsa, de Venezuela, que aterrizó en el país durante el gobierno del MAS para desarrollar proyectos de hidrocarburos.

A partir de 2014, las compras y contrataciones con fondos públicos superaron los 6.000 millones de dólares anuales, aunque en los últimos años se sumaron a ese valor fondos de las reservas internacionales, cedidos por el Banco Central de Bolivia (BCB) al Gobierno del MAS en calidad de préstamo para el desarrollo de proyectos, como la Planta de urea y amoniaco, financiada por el BCB con mil millones de dólares, los parques eólicos “El Dorado” y “San Julián” con 55 millones y el tren metropolitano de Cochabamba con 500 millones. Lo que aumentó la inversión pública de forma significativa en esos años.

Desde 2009, el sistema de contratación de bienes y servicios se encuentra regulado fundamentalmente por el Decreto Supremo 181, que contiene una serie de falencias prácticas y algunos vacíos jurídicos que, desde su vigencia, han permitido la ejecución de innumerables proyectos famosos por no responder a las necesidades urgentes de la población –como el aeropuerto de Chimoré, la sede de la Unasur, el museo de Evo Morales, la Casa Grande del Pueblo, etc.– y han  desencadenado los más escandalosos actos de corrupción: casos CAMC, Bolivia Cambia, Evo Cumple, barcazas chinas, Fondioc e, inclusive, alguno perpetrado en las últimas semanas por funcionarios del Gobierno de transición.

Según un estudio de 2018, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se estima que en 2017 el Gobierno del MAS habría “malgastado” hasta el 6,3% del Producto Interno Bruto (PIB) en compras ineficaces y corrupción, lo que en números se traduce en 2.331 millones de dólares, sólo en esa gestión. Visto desde otra perspectiva, resulta que en 2017 uno de cada tres dólares destinado a inversión pública fue “malgastado” por el Gobierno en compras ineficaces (que no atendieron a las necesidades inmediatas de la población) o fue “malversado” en actos de corrupción, situación que, es de suponer, se repitió en 2018 y 2019.

Sumando a la situación anterior, Transparencia Internacional –la renombrada ONG internacional que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional– al investigar la situación de transparencia en 180 países (siendo el más corrupto el que ocupa el último puesto), asignó a Bolivia el puesto 123, superado en la región únicamente por Venezuela y Paraguay.

De lo expuesto, surge un par de interrogantes: ¿qué hacer frente a estos resultados indignantes? ¿Es posible cambiar la tendencia histórica y mejorar la situación de nuestro país, permitiendo que la inversión pública llegue a los proyectos y ciudadanos que la necesitan? Estoy convencido de que sí, aunque por supuesto será necesario tomar medidas.

El primer paso, como es de esperarse, va de la mano de una reforma estructural al régimen de contrataciones públicas, adoptando un régimen que: 1. prohíba la adjudicación por contratación directa (entre 2006 y 2016 el MAS adjudicó por esa modalidad el 63% del total de recursos para obras públicas); 2. permita acceso irrestricto a la información sobre los procesos de licitación en tiempo real; 3. permita evaluar periódica y sistemáticamente los resultados de los proyectos adjudicados, aspecto que a su vez permitirá medir la eficiencia y eficacia del gasto público; y, adicionalmente, 4. designe a una institución de control completamente independiente –con personal altamente calificado– para verificar todos los procesos de contratación, incluyendo la discrecionalidad utilizada en la calificación de las propuestas.

La muy desacreditada Contraloría General del Estado podría muy bien cumplir ese rol, sin embargo, habría que empoderarla con mayores y mejores recursos humanos, mayores recursos económicos e independencia absoluta respecto de los cuatro poderes del Estado.

Ya desde una mirada práctica, resulta imprescindible que el nuevo régimen como mínimo: 1. incorpore a las tecnologías de la información, por ejemplo, para impulsar las compras a través de la subasta electrónica; 2. relaje los requisitos requeridos de los postulantes, permitiendo, por ejemplo, la entrega de documentación virtualmente, dejando el papelerío para dar paso a carpetas en línea, valores virtuales pagados por Internet y reconocimiento de firmas electrónicas; y 3, que contenga un método de resolución de controversias distinto a la vía contencioso-administrativa, que permita a las partes resolver sus disputas de forma rápida y eficiente, tal como se ha implementado en Perú, con un éxito innegable haciendo uso del arbitraje, y en Chile, a través de la conformación de un tribunal administrativo dedicado exclusivamente a resolver controversias suscitadas a raíz de las contrataciones públicas.

La ejecución de una reforma estructural con base en las sugerencias señaladas, junto con la implementación de una campaña comunicacional de concientización dirigida a la población con el propósito de empoderarla –que vendría a ser el segundo paso– deberían maximizar la eficacia y eficiencia de la inversión pública, permitiendo que sus beneficios sean efectivamente recibidos por la población, reduciendo en simultáneo de manera importante los efectos de la corrupción que azota a nuestro país.

La urgencia de contar con un nuevo régimen de contratación es tal, que instamos al Gobierno de transición a tomar pasos hacia aquel cometido que, por su complejidad y duración, probablemente deberá ser implementado por el siguiente Gobierno. Para ello, es recomendable precisar el apoyo y asesoramiento de países amigos de la región, como Perú, Chile y Costa Rica, que se han convertido en casos de estudio a nivel mundial por su efectividad.

También es prioritario contratar los servicios de expertos internacionales para que asesoren sobre la mejor manera de adecuar el nuevo régimen de contrataciones públicas a estándares internacionales, como aquellos sugeridos por la Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional, la Organización Mundial del Comercio, o inclusive el Mercosur (al cual Bolivia está en proceso de adherirse), y que ya han sido adoptados íntegramente por algunos países de la región y las principales economías del mundo.

El autor es abogado especialista en negocios e inversiones