Un decreto de derechos reales genera conflicto entre el Ejecutivo y legisladores
El Ejecutivo promueve el Decreto Supremo (DS) 5143 de registro de Derechos Reales y señala que busca transparencia y seguridad jurídica para la población, pero legisladores de oposición denuncian que el Gobierno busca el control de la propiedad privada, además de sostener que la normativa es inconstitucional porque se tendría que aprobar una ley específica.
En julio de 2021, el viceministro de Defensa de los Derechos del Consumidor y Usuario, Jorge Silva, inició la socialización del anteproyecto de ley de reforma de Derechos Reales, que tiene como fin la creación del Servicio Plurinacional de Derechos Reales, pero, al no prosperar, se emitió un decreto supremo.
“El DS 5143 lo que hace es recoger las demandas, preocupaciones y observaciones que tiene la población respecto al registro de Derechos Reales con la finalidad de transparentar la gestión y dar seguridad jurídica al ciudadano”, señaló la viceministra de Justicia, Jessica Saravia Atristaín.
Explicó que el DS 5143 incorpora temáticas importantes como el ajuste de la estructura de Derechos Reales, que si bien continúa siendo parte del Consejo de la Magistratura como manda la normativa vigente, contará con una Dirección Nacional que permitirá generar directrices nacionales que uniformen los procedimientos en todas las oficinas de Derechos Reales del país.
Inconstitucional
El abogado constitucionalista Paul Antonio Coca refiere que ningún artículo de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que el Consejo de la Magistratura controle Derechos Reales.
“Hay una salvedad, la Ley 025 del Órgano Judicial que en su parte final señala que se tiene que una ley no un decreto, en tanto, no se defina la situación de Derechos Reales”, dijo.
La disposición séptima de la Ley 025 señala que “el Registro Público de Derechos Reales y las notarías de fe pública continuarán en sus funciones sujetos a las normas anteriores a la presente ley, en tanto no se defina su situación jurídica mediante una ley especial que regule tales institutos jurídicos”.
El senador Rodrigo Paz Pereira (Comunidad Ciudadana) afirmó que el DS 5143 es “para que el Gobierno tenga mayor poder político con el control de la tierra”.
El senador Erik Morón (Creemos) aseguró que “de alguna forma se quiere meter la mano al derecho propietario que tiene la gente de tener sus inmuebles, de hacer investigaciones; no nos olvidemos de que existe mucho avasallamiento (...), con este registro único de Derechos Reales se presta o hace pensar que se le va a dar ‘cantina libre’ a estos hechos”, indicó.
Decreto viola seguridad jurídica
El abogado José Luis Santistevan refiere que “la conducta del Órgano Ejecutivo, legislar derechos fundamentales al registro y garantías sobre la propiedad privada, viola el principio de seguridad jurídica”.
“La contaminación de la propiedad privada con el Gobierno nacional se encuentra en el DS 5143, que establece la aplicación de herramientas de gobierno electrónico. (…) Establece que el Consejo de la Magistratura, en coordinación con la Agetic, implementará el Sistema Único del Registro de Derechos Reales”.
